El 29 de julio cerca de 80 sostenedores de colegios particulares
subvencionados se reunieron en asamblea en el Estadio del Banco Estado
en la Región Metropolitana. Entre los expositores se contaban expertos
en materia tributaria y comercial; el diputado UDI Jaime Bellolio;
miembros de la FIDE –Federación de Instituciones de educación
particular–, y los representantes de Facility Advisers –quienes
convocaron a la cita–, empresa creada especialmente para ayudar a los
sostenedores que quieran salirse del negocio de la educación en medio de
la reforma que impulsa el gobierno.
La empresa les planteó a los sostenedores venderles los terrenos
donde actualmente funcionan sus colegios, ofreciéndoles además realizar
ellos el trámite de cierre en el Ministerio de Educación. Aunque no se
sabe con certeza cuántos dueños de escuelas aceptaron la oferta, la
acción de esa empresa refleja el clima bajo el cual se tramita la
reforma educacional en el Congreso.
Hay cartas de sostenedores circulando entre profesores y apoderados.
La amenaza de un cierre masivo de colegios se hace carne cuando los
dueños de los establecimientos plantean que no podrán sobrevivir a los
cambios que implementará la reforma, la que terminará con el lucro, el
copago y la selección en colegios que reciban subvención del Estado.
Entre los dueños de los establecimientos se percibe inquietud e
incomodidad. Algunos hablan de vender los establecimientos y olvidarse
de todo, otros apuntan a transformarse en particulares pagados y otros,
en voz baja, reconocen que la idea es presionar y amenazar con un cierre
masivo de escuelas para generar la presión suficiente y lograr que los
cambios al actual sistema no sean tan radicales.
El miedo e incertidumbre de algunos sostenedores ha sido terreno
fértil para el surgimiento de empresas que ven en la confusión actual
una posibilidad de negocio. Facility Advisers es una firma registrada
por los hermanos Gonzalo y Cristián Jiménez Cocq, los que se dedican a
comprar, vender, asesorar y administrar proyectos inmobiliarios.
Durante el desarrollo del seminario al que convocaron a decenas de
sostenedores a fines de julio, desde la empresa les explicaron que, si
accedían a formar parte de su red, tendrían a disposición un equipo de
asesores, para “cotizar servicios de normalización contable, tributario
legal y administrativo de su establecimiento educacional, a modo que
usted pueda evaluar en este periodo de estudio y luego aplicar una de
las dos acciones que deberá decidir y que será estratégica para su
patrimonio financiero; el traspaso formal a particular pagado o
corporación sin fin de lucro, o el cierre y evaluación en el valor de
venta de su activo inmobiliario, desarrollando la negociación con una
inmobiliaria, junto con una acción de un plan de desarrollo de inversión
inmobiliaria, y evitar el desarrollo de conflictos que afecten su
situación financiera”.
Para este 21 de octubre habían convocado a una nueva reunión, pero–
según uno de los dueños de Facility Advisers, Gonzalo Jiménez– esta no
se llevará a cabo. “La idea era ayudar a los sostenedores que quieren
cerrar, pero ya no, no vamos a hacer nada. Si alguien quiere
individualmente seguir ayudando, puede hacerlo, pero nosotros como
empresa no lo haremos. Les avisamos a los sostenedores y esto no sigue.
Somos apolíticos”, asegura Jiménez, en relación a las reacciones
generadas luego de un reportaje de CNN Chile que mostró el funcionamiento de la empresa.
A pesar de esas palabras, la página web www.facilityadvisers.cl
sigue activa, aunque ahora de forma privada, con un acceso restringido a
quienes posean una cuenta creada en el sitio, que era uno de los
ofrecimientos que les hicieron a los sostenedores, a quienes prometieron
“confidencialidad de sus datos”.
Uno de los consultores que participa de la empresa es Rodrigo Díaz,
abogado jefe de los colegios reunidos en la FIDE, una de las dos grandes
organizaciones que agrupan a los sostenedores privados. Según él, “esta
empresa pertenece a dos hermanos cuya mamá tiene un colegio, colegio
que se va a morir porque a ellos no les interesa seguir ni meterse en el
tema de la educación, ellos se dedican a la administración de
edificios, entonces vieron la posibilidad de ver quién quería seguir en
el ámbito de educación por cómo está la reforma”, plantea Díaz.
A juicio del abogado, “es un tema muy delicado, porque con la reforma
sí o sí va a haber personas que van a querer salirse del ámbito
educacional, y puede que allí haya un mercado que a las inmobiliarias
les interese tomar. Todos sabemos que la cantidad de terrenos en
Santiago es escasa, y cualquier posibilidad que haya, se va a tomar.
Entonces el nivel de plusvalía que se puede generar es fuerte”.
La suspendida reunión del 21 de octubre iba a contar con la presencia
de la Inmobiliaria Simonetti, de los primos Alejandro y Felipe
Simonetti, interesada en comprar terrenos donde actualmente funcionan
colegios.
Los dueños de Facility Advisers también comparten la propiedad sobre otros emprendimientos, como gastoscomunes.com,
dedicada a la asesoría a comunidades de edificios, y Facility Rent,
firma que agrupa a inversionistas para comprar inmuebles y desarrollar
la industria de los apart hotels.
En el Ministerio de Educación dicen que elevaron una consulta al
Sernac para saber si la idea impulsada por la empresa tiene sustento,
atendiendo a que su éxito podría dejar sin colegio a miles de escolares.
Aunque también advierten que los pasos para cerrar los establecimientos
no son simples, y que al recibir subvención estatal la situación es
incluso más engorrosa.
LA AMENAZA DEL CIERRE
En las páginas de la prensa de este domingo, 51 colegios particulares
subvencionados firmaron un inserto donde advierten que, forzados por la
Reforma, tendrán que cerrar o transformarse en particulares pagados.
Es la primera de tres publicaciones con las que –por dos domingos
más– los sostenedores en desacuerdo con la reforma publicarán las listas
con los nombres de los colegios empujados a dejar de funcionar como lo
han hecho hasta hoy.
Una de las comunas donde los sostenedores mantienen la convicción de
no seguir funcionando como particulares subvencionados es Padre Hurtado,
donde de los 11 mil estudiantes en edad escolar, el 80% asiste a este
tipo de establecimientos.
Juana Lazo es una de las sostenedoras de Padre Hurtado que apoyó el
inserto en la prensa. Ella dice que apoya la idea de una reforma, sobre
todo porque, en sus 30 años como docente, sabe que la única forma de
salir de la pobreza es la educación. Sin embargo, no está de acuerdo con
la forma en que el gobierno ha llevado adelante la Reforma; y de seguir
así –según dice– no podrá continuar con el complejo educacional Luis
Pasteur. “Lo único que pedimos es que haya modificaciones a la ley que
nos permitan alguna salida”, dice Lazo.
“Lo más complejo es que nosotros tenemos empresas relacionadas –como
Juana Lazo y mis hijos son administradores–. No se puede vender a otras
sociedades si los inmuebles están hipotecados y dos de tres de mis
colegios están con esa figura. Un tercer punto es que abrimos nuestros
proyectos en sectores vulnerables, por lo tanto, los avalúos fiscales
son bajos y muchas veces llega al 50% del valor del inmueble”, comenta.
Uno de los párrafos del inserto que comenzó a circular este domingo, y
que cada fin de semana incluirá más nombres, señala que todos los
sostenedores firmantes habrían querido participar en las
transformaciones necesarias desde “las políticas públicas para mejorar
la calidad de la educación, pero no hemos sido escuchados y, en cambio,
nos han hostigado y desprestigiado, como si nos hubiéramos dedicado a
algo deshonroso o ilícito”.
Otro de los firmantes es el colegio Patricio Meckis. Patricio Campos,
representante legal de ese establecimiento, tiene claro el panorama del
llamado Eje Melipilla, forma en que se han reunido los sostenedores por
sector. “La totalidad de los establecimientos de mi zona se va a cierre
si la reforma sigue como está planteada”, dice.
PRESIÓN EN LA CALLE
Beatriz, profesora de uno de los colegios de Padre Hurtado que
amenazan con su cierre, dice que han sentido la presión de los
sostenedores, “porque lamentablemente se nos ha comunicado que, de
seguir la reforma como está, nuestra fuente laboral se acaba de aquí a
dos años… esto también quiere decir que seremos muchos los cesantes y
también habrá una sobrepoblación de estudiantes en colegios públicos”.
La misma profesora –que ha presenciado reuniones de sostenedores de
la comuna– dice que la mayoría de los sostenedores de Padre Hurtado
decidieron no vender los establecimientos al Estado. Además, trae una
serie de consecuencias dejar al Estado que administre o compre sus
colegios. “Una de ellas es que, si ellos mueren, no pueden heredar los
familiares y eso les parece injusto”, señala Beatriz.
“Ahora, en lo personal, yo creo que si esto llega a suceder y la
reforma sigue, la educación tendrá serias consecuencias a corto plazo y
muchos de nosotros quedaríamos cesantes”.
Sobre si ha sentido presiones, dice que no, pero su esposo, que es
profesor en otro establecimiento, sí. “En nuestro colegio no es
obligación, pero en el caso de mi esposo, sí. Le dijeron que si quería
pega para el próximo año, tenía que asistir a la marcha”, dice la
profesora en relación a las movilizaciones que cada tanto convocan los
sostenedores y la Confepa –que agrupa a apoderados del sistema– para
manifestar el rechazo a la reforma.
(Fuente: www.elmostrador.cl)