“Es una estimación
preliminar, pero
calculamos que el déficit fluctúa en torno a $5.000 millones”, dijo en
El Mercurio. La situación – se arrastra según la actual administración –
desde fines del gobierno anterior a causa de la inexistencia de
suficientes herramientas para controlar los más de 1.700 contratos
vigentes.
“Prefiero ser bien pensada, pero los contratos y el cuadre de
cuentas no se hicieron con el rigor que se necesitaba”, manifestó Hutt.
Asimismo se fiscalizará de mayor manera al Fondo de Apoyo Regional
(FAR), otro brazo con el cual se articulan los recursos.
“Fue un error
del gobierno de Bachelet permitir que un 30% de los recursos del FAR se
usen para cualquier cosa”, expresa el presidente de la comisión de
Transportes del Senado, Alejandro Navarro.