Una fiscalización masiva llevada a cabo por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en 14 barberías de Punta Arenas permitió detectar ocho infracciones a la Ley de Migración y Extranjería, además de notificar la expulsión de un ciudadano colombiano condenado previamente en el país.

El operativo, parte de un plan interinstitucional para reforzar la seguridad pública, fue valorado por la Seremi de Seguridad Pública y se proyecta que será replicado en otras comunas de la región.

El procedimiento fue encabezado por el subprefecto Patricio Gómez, jefe del Departamento de Migraciones, quien explicó que “detectives del departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, junto a oficiales de diferentes unidades de la región policial de Magallanes, realizaron una fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la ciudad”.

En total se fiscalizó a 28 personas de diversas nacionalidades, de las cuales ocho serán denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por infracciones como trabajo remunerado sin autorización y ingreso por paso no habilitado.

Uno de los casos más graves fue el de un ciudadano colombiano que ya había sido condenado en el país. Según el subprefecto, “se decretó su expulsión, la cual fue notificada por parte de los detectives”.

La seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, destacó el trabajo de la PDI y anunció que estas acciones se extenderán. “Estas fiscalizaciones se van a realizar también en las otras comunas de nuestra región”, afirmó. Además, subrayó que este es un esfuerzo conjunto: “Este es un trabajo también intersectorial, porque sabemos que la seguridad es una preocupación permanente de la ciudadanía, y trabajaremos en aumentar la sensación de seguridad de los habitantes de la Región de Magallanes”.

El operativo no sólo permitió detectar irregularidades, sino que refleja la decisión de las autoridades de abordar activamente el trabajo informal y la migración irregular, especialmente en rubros que han experimentado un alza de denuncias vecinales.

Las fiscalizaciones, indicaron desde el Gobierno, continuarán como parte de una estrategia de presencia y control territorial.