La reciente acusación de colusión entre siete empresas procesadoras de centolla en Magallanes revela una práctica sistemática de abuso contra los pescadores artesanales.

Durante casi una década, estas compañías se habrían coordinado para fijar precios artificialmente bajos, privando a los trabajadores del mar de una remuneración justa por su esfuerzo y conocimiento ancestral.

En lugar de competir, pactaron en silencio, convirtiendo el mercado en una trampa para quienes dependen de él para vivir.

Este tipo de colusión no solo vulnera la ley, sino que erosiona la confianza en el sistema económico regional.

Los pescadores, que enfrentan condiciones extremas para extraer un producto de alta demanda internacional, han sido tratados como piezas prescindibles en una maquinaria empresarial que prioriza la ganancia sobre la justicia. Mientras la centolla chilena se sirve en restaurantes de lujo en el extranjero, quienes la capturan ven cómo sus ingresos se estancan por decisiones tomadas en oficinas lejanas al mar.

La Fiscalía Nacional Económica ha solicitado multas millonarias, pero el castigo económico no basta.

Este caso debe marcar un antes y un después en la protección de los trabajadores artesanales y en la fiscalización de los mercados locales. La centolla no puede seguir siendo símbolo de riqueza para unos pocos y de precariedad para quienes la extraen. Es hora de devolverle al mar su dignidad.