Pareciera que el mal uso de las viviendas sociales en Magallanes fuese un tema menor, pero no lo es. Según el Servicio de Vivienda y urbanismo ha desarrollado la revisión de más de 1.800 casos desde 2023, en cerca de 20 conjuntos habitacionales, mediante el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49. A la fecha se ha obtenido como resultado que el 30% de los beneficiarios no cumple con el requisito mínimo : de habitar la vivienda o de que la habite el grupo o núcleo familiar.

“En total, entre 2024 y 2025 llevamos cuatro viviendas en esa situación y tenemos alrededor de un 30% de los casos fiscalizados en seguimiento para efectos de analizar si deben iniciarse procesos administrativos para caducar los subsidios.”, senaló Omar González, director (s) de Serviu.

Uno de los principales errores que comete el beneficiario de una vivienda social es cederla o arrendarla. Considerando que la entidad está facultada a realizar este tipo de fiscalizaciones en un plazo de hasta cinco anos.

“Una vez entregada la vivienda, ya está la obligación para la persona de habitarla. Entonces, nos anticipamos y antes de escriturarla para que la persona sea dueño, ya hacemos una fiscalización. Y luego tenemos hasta cinco años para poder fiscalizar situaciones que, en general, ingresan como denuncias de los mismos vecinos o a propósito de fiscalizaciones que hacemos como Ministerio”, agregó.

Como resultado a las propiedades que son recuperadas, el Serviu inicia un proceso de evaluación técnica de la vivienda, el que define las reparaciones necesarias para su posterior reasignación a una nueva familia beneficiaria del DS49.