La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de Magallanes ha manifestado una profunda preocupación por la velocidad con la que el Gobierno saliente busca sellar tres instrumentos regulatorios de alto impacto estratégico para la zona austral. Según el gremio, el avance acelerado del plan de manejo del Parque Nacional Kawésqar, el Reglamento Medioambiental Antártico y el plan del Golfo de Penas carece de la legitimidad y el rigor técnico necesario, lo que podría derivar en una "camisa de fuerza" jurídica que termine judicializando proyectos y frenando la inversión regional durante la próxima década.

Para el secretario director de la CPC Magallanes, Enrique Le Dantec, el problema no radica en la existencia de las normas —necesarias para la conservación— sino en la falta de coherencia y el "apresuramiento" por finalizar procesos antes del cambio de mando de marzo. El gremio sostiene que estas normativas afectan directamente la columna vertebral de la economía regional, impactando la logística, la pesca y la naciente industria del hidrógeno verde.

Los tres instrumentos bajo la lupa

La preocupación gremial se centra en tres pilares que definen el uso del territorio y los recursos en las áreas más sensibles de la región:

1. Plan de Manejo Parque Nacional Kawésqar: Clave para la coexistencia de la conservación con actividades económicas en las zonas adyacentes, especialmente la acuicultura y el turismo de expedición.

2. Reglamento Medioambiental Antártico: Un instrumento que rige la actividad en el continente blanco y que, de ser muy restrictivo o inconsistente, podría restar competitividad a Punta Arenas como puerta de entrada logística.

3. Plan del Área de Conservación Golfo de Penas: Vital para las rutas de navegación y la pesca extractiva en la zona norte de la región.

"Incertidumbre que golpea a las Pymes"

Le Dantec fue enfático en que el impacto de una mala regulación no solo afecta a las grandes corporaciones, sino que tiene un efecto dominó en toda la cadena productiva:

• Inconsistencias Jurídicas: El gremio advierte que si las normas se aprueban con vacíos técnicos, quedarán expuestas a recursos de protección y demandas, lo que paraliza la ejecución de proyectos.

• Efecto en Pymes: La incertidumbre regulatoria impide que las pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios logísticos y pesqueros puedan proyectar inversiones o contrataciones a largo plazo.

• Estabilidad Institucional: Desde la CPC recalcan que esta es una defensa de la "estabilidad normativa", exigiendo reglas claras que no dependan de la urgencia política de un gabinete que se retira.