Tras una larga batalla legal, el Segundo Juzgado Civil de Santiago dictó una sentencia que pone en evidencia las graves consecuencias de una investigación deficiente. El Fisco de Chile deberá indemnizar con más de $55 millones a Bayron Flores y a su madre, luego de que el joven permaneciera privado de libertad injustamente por más de un año. El tribunal determinó que el Ministerio Público actuó con falta de diligencia al basar su acusación en un reconocimiento fotográfico viciado, privando al demandante de su libertad por un delito que no cometió.

El calvario de Bayron comenzó en 2018, cuando fue detenido y formalizado por el supuesto robo de una vivienda en la comuna de La Florida. Debido a errores en la identificación por parte de la Fiscalía, el joven pasó un año y 22 días en prisión preventiva, seguidos de casi cinco meses bajo arresto domiciliario. No fue sino hasta 2019 que la justicia dictó su sobreseimiento definitivo, confirmando su inocencia y abriendo la puerta a esta demanda por la negligencia del ente persecutor.

Los argumentos del tribunal: Una investigación "errónea y evitable"

La sentencia fue tajante al calificar el desempeño del Ministerio Público, señalando que el estándar de diligencia exigido por la Constitución no se cumplió en este caso:

• Reconocimiento Viciado: El juzgado enfatizó que la investigación se basó exclusivamente en registros fotográficos mal ejecutados, un camino que calificó como "erróneo".

• Negligencia Evitable: El fallo sostiene que la injusta privación de libertad se habría evitado si el ente persecutor hubiese ejercido correctamente sus facultades de dirección.

• Extensión del Daño: La resolución subraya que Flores no habría pasado tanto tiempo tras las rejas si se hubiese cumplido con un estándar mínimo de rigurosidad investigativa.

Detalle de la indemnización

El monto total de $55 millones busca resarcir tanto la pérdida económica como el profundo impacto psicológico causado a la familia:

Un precedente sobre la Prisión Preventiva

Este caso reaviva el debate sobre el uso de la prisión preventiva en Chile y la responsabilidad del Estado cuando las herramientas de persecución penal fallan. Para la familia Flores, aunque el dinero no borra el tiempo perdido en la cárcel, el fallo representa una validación moral frente a un sistema que los estigmatizó por un error que, según el propio tribunal, era totalmente evitable.