La jornada del lunes no terminó con el timbre de salida para un adolescente de 14 años, sino con un procedimiento por tráfico en pequeñas cantidades tras ser sorprendido con droga en su establecimiento. Al día siguiente, el joven debió enfrentar al Juzgado de Garantía, instancia que marcó el inicio de un proceso judicial que corre de forma paralela a las medidas que tome el colegio.

La crítica al entorno familiar

Para el Seremi de Educación, José Raúl Alvarado, este hecho es un síntoma de una falla en el núcleo primario. La autoridad planteó que la familia es el órgano fundamental que debe aportar "orientación, apoyo y asesoría", sugiriendo que, cuando un menor ingresa sustancias ilícitas a un aula, existe un vacío de supervisión previo.

Expulsión vs. Deserción

Respecto al futuro académico del estudiante, Alvarado aclaró que, aunque el establecimiento tiene la facultad de aplicar la expulsión o cancelación de matrícula (bajo la Ley de Aula Segura), el Estado debe garantizar que no deserte del sistema:

• Continuidad: Se buscarán alternativas como la validación de estudios o centros para adultos, permitiendo que el proceso educativo no se interrumpa.

• Justicia: Alvarado fue enfático en que la protección del derecho a educación no exime al joven de enfrentar lo que "la ley estipule" por la infracción cometida.

Resolución judicial

Tras la audiencia de formalización, el magistrado determinó que el menor recuperara su libertad, pero bajo una medida cautelar de sujeción a la vigilancia de la Fundación Opción, organismo encargado de supervisar su conducta y entorno social mientras se desarrolla la investigación.