El mandato de austeridad del Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz, ha encontrado matices importantes en su implementación. La necesidad de equilibrar las arcas fiscales ha chocado con las prioridades políticas y las crisis sectoriales, forzando al Gobierno a recalibrar sus metas iniciales.

Seguridad: El eje intocable

El mayor triunfo político lo obtuvo la ministra Trinidad Steinert. Pese a que Seguridad enfrentaba una poda de más de $72 mil millones, el Ejecutivo decidió excluir a la cartera del ajuste. La ministra no solo blindó las asignaciones policiales, sino que anunció la inyección de "recursos frescos", argumentando que no se puede combatir la crisis de seguridad con menos presupuesto.

Salud y Educación: Negociaciones "difíciles"

Otras carteras estratégicas lograron una moderación:

• Educación: El recorte se fijó en un 1,12% ($197,7 mil millones). Esto fue posible, en parte, por una mayor recaudación en los cobros del CAE tras los anuncios del Gobierno, lo que redujo el gasto proyectado en amortización de deuda.

• Salud: La ministra May Chomali logró bajar la meta del 3% al 2,5%. El argumento central fue el déficit estructural del sistema, asegurando que no habrá despidos en áreas asistenciales ni reducción de coberturas.

Tensiones en Vivienda y ajustes en Desarrollo Social

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, protagonizó la controversia de la semana al desafiar inicialmente la autoridad de Hacienda, aunque días después rectificó señalando que el recorte se aplicará bajo criterios definidos por su propio ministerio. En tanto, Desarrollo Social aplicará un ajuste del 2,24%, enfocado estrictamente en programas con baja ejecución histórica, sin tocar los beneficios sociales.

Cumplimiento del 3%

Ministerios como Mujer y Equidad de Género y Medio Ambiente optaron por cumplir con la meta completa. La ministra Judith Marín (Mujer) explicó que el 3% se alcanzó recortando convenios no ejecutados, protegiendo programas emblemáticos como Mujeres Jefas de Hogar. Por su parte, Francisca Toledo (Medio Ambiente) aseguró que la austeridad se aplicó sin comprometer la fiscalización del SEA o la Superintendencia del Medio Ambiente.