El proceso judicial que comenzó en la madrugada del 3 de julio de 2020 finalmente ha concluido en todas sus instancias. Aquella noche, Soto Velásquez impactó un Toyota RAV4 estacionado en calle Covadonga, un incidente que no solo dejó daños materiales, sino que desencadenó un complejo escenario penal y financiero.

El historial judicial

• Ámbito Penal (2023): El Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a Soto a 61 días de presidio menor (con beneficio de remisión condicional), el pago de una multa de 2 UTM y la suspensión de su licencia de conducir por dos años.

• Ámbito Civil (2026): Tras una apelación, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificó la orden de pago por $4.042.752 por concepto de daño emergente. El pasado 17 de marzo de 2026, la sentencia quedó ejecutoriada, lo que significa que el condenado ya no tiene más recursos legales para evitar el pago.

El costo humano y financiero

Para el propietario del vehículo, el periodista Mario Andrade, estos seis años han sido una lucha por la estabilidad económica familiar. Al no contar con seguro al momento del choque, Andrade tuvo que costear los arreglos y seguir pagando el crédito del automóvil.

“Debí solicitar a la financiera de la automotora más plazo para poder cumplir, porque no podía pagar al mismo tiempo la cuota del auto y los gastos derivados del choque”, recordó el afectado, señalando que los intereses mensuales y los gastos de transporte para sus tres hijos agravaron su situación.

Llamado al pago

Con la sentencia firme en mano, Andrade instó a Soto Velásquez a presentarse en la Corporación Judicial de Punta Arenas para coordinar la cancelación de la deuda. Pese al tiempo transcurrido, el demandante manifestó su disposición a negociar facilidades, como un pago inicial inmediato y el resto en cuotas, con el fin de cerrar definitivamente esta crisis financiera que lo acompaña desde 2020.