La justicia civil y la Policía de Investigaciones (PDI) desbarataron dos modalidades de estafas de arriendos que operaban en extremos opuestos del país. A través de audiencias telemáticas, los tribunales procesaron a una mujer detenida en Iquique por delitos cometidos en Punta Arenas, y en paralelo, a un hombre capturado en Magallanes que era buscado desde el Biobío. Ambos casos dejaron en evidencia el uso de redes sociales y engaños presenciales para defraudar a personas que buscaban vivienda.
El primer caso involucra a una mujer de 24 años detenida en Iquique. Según el fiscal Oliver Rammsy, la imputada se coordinaba con terceros para publicar ofertas engañosas de minilofts y casas en Punta Arenas a través de perfiles falsos en Facebook.
El engaño digital funcionaba de la siguiente manera:
Atraían a las víctimas con precios llamativos de 200.000 pesos mensuales.
Enviaban fotos falsas y ubicaciones por WhatsApp para presionar un pago rápido.
Exigían transferencias electrónicas a la CuentaRUT de la mujer por concepto de reserva.
Una vez recibido el dinero, bloqueaban a los afectados.
Por estos hechos de estafa reiterada, el tribunal decretó la medida de arraigo regional en Tarapacá y fijó un plazo de investigación de 90 días.
Casi de forma simultánea, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) arrestaron en Punta Arenas a un sujeto que aplicaba un método similar, pero de forma presencial.
El subprefecto Francisco Garrido, jefe de la Bridec de Punta Arenas, explicó que el imputado “publicaba viviendas en arriendo en Punta Arenas mediante redes sociales o a través de conocidos”. A diferencia del caso del norte, este hombre mostraba las propiedades y “solicitaba el pago del arriendo y la garantía en efectivo”. Al recibir el dinero, cortaba la comunicación y bloqueaba a sus víctimas. Al ser capturado, se detectó que mantenía una orden de detención pendiente emanada por el Juzgado de Garantía de Concepción, hacia donde fue conectado vía remota.
Tras esta jornada de delitos económicos cruzados, el subprefecto Francisco Garrido recomendó a la ciudadanía “adoptar medidas al momento de concretar contratos de arriendo u otros acuerdos comerciales, privilegiando el uso de documentos que permitan acreditar los pagos efectuados”.
La PDI aconseja verificar siempre los antecedentes de los anunciantes, revisar comentarios de usuarios anteriores en las plataformas de búsqueda y desconfiar de ofertas que exijan dinero en efectivo de manera inmediata sin un contrato legal de por medio.
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