El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó las medidas cautelares de arraigo regional y una estricta prohibición absoluta de acercarse a la víctima en contra de un estudiante de analista programador de 20 años, quien fue formalizado tras ser detenido en flagrancia por el delito de desacato en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

El joven fue sorprendido por personal de Carabineros de la primera comisaría en el interior del domicilio de su propia madre, vulnerando de forma directa una sentencia penal dictada en diciembre del año pasado. Dicho fallo de la justicia le prohibía estrictamente aproximarse a ella, a su vivienda o comunicarse por cualquier vía durante un plazo de dos años, restricción que el imputado ignoró de manera deliberada.

Un historial de agresiones y condenas previas

Durante el desarrollo de la audiencia de control de detención, el fiscal Oliver Rammsy expuso detalladamente los antecedentes que motivaron la captura y encendieron las alarmas por el riesgo inminente para la denunciante. Explicó que el imputado arrastra un complejo historial judicial, habiendo sido condenado previamente como autor de los delitos de violación de morada, lesiones menos graves y daños simples, todos perpetrados en contexto de violencia intrafamiliar contra la misma afectada.

Pese a que el estudiante se encontraba cumpliendo dichas penas bajo el beneficio de remisión condicional (en libertad bajo firma) y que conocía cabalmente la restricción de alejamiento impuesta por el tribunal, desobedeció por completo la orden judicial.

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, este nuevo y violento episodio ocurrió el pasado 1 de junio de 2026, cuando el agresor concurrió e ingresó a la fuerza a la vivienda de su progenitora. Una vez en el interior, el imputado procedió a insultarla constantemente, amenazarla y someterla a tratos degradantes, lo que motivó a la víctima a llamar de urgencia a la policía antes de ser agredida físicamente.

Sumado a este desacato, las autoridades judiciales advirtieron al imputado que mantiene una multa económica pendiente de pago por otra causa penal previa, bajo riesgo inminente de que se despache una orden de arresto nocturno en su contra en las próximas horas como vía de sustitución legal si no cancela la deuda.

Resolución del tribunal: 120 días de investigación

Al momento de resolver las medidas preventivas, la magistrada Paula Stange consideró la gravedad, la nula adherencia a las normas del imputado y la proporcionalidad de los hechos relatados, así como el peligroso historial de agresiones hacia la víctima que registra el detenido.

Tras declarar totalmente ajustado a derecho el procedimiento de captura de Carabineros, el tribunal ordenó las siguientes medidas restrictivas:

• Radio de exclusión: Prohibición absoluta de que el joven se acerque a su madre o a su hogar en un radio mínimo de 200 metros.

• Cero contacto: Prohibición de mantener cualquier tipo de contacto físico, telefónico o virtual (redes sociales/mensajería).

• Arraigo Regional: Prohibición de abandonar el territorio de la Región de Magallanes.

Finalmente, el tribunal dispuso un plazo de 120 días para el desarrollo y cierre de la investigación penal, período en que el Ministerio Público recopilará los informes psicológicos y vecinales correspondientes.