Una jornada de alta tensión y desórdenes civiles se vivió en el sector norte de la capital regional. Un masivo procedimiento policial desplegado por Carabineros en calle Andrés Stambuk —en las inmediaciones traseras del Club Hípico de Punta Arenas— culminó con la detención de cuatro personas (una mujer y tres hombres), quienes se opusieron de forma violenta al desalojo y restitución de una vivienda de propiedad fiscal.

El conflicto se originó cuando una comitiva del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes se presentó en el inmueble para hacer efectiva la recuperación legal de la propiedad. La casa estaba asignada por concepto de bienestar al exfuncionario de dicha repartición, Roberto Saldivia Llancapani, y el plazo administrativo fatal para la entrega voluntaria de las llaves vencía precisamente este jueves 4 de junio de 2026.

Negativa, desórdenes y detención de los ocupantes

Al llegar los fiscalizadores del Estado, los ocupantes actuales de la vivienda se negaron de forma tajante a hacer abandono de las dependencias, bloqueando los accesos. Ante la resistencia, el personal del Serviu se vio obligado a solicitar el auxilio de la fuerza pública, arribando al lugar varias unidades y patrullas de Carabineros.

La falta de acuerdo y el diálogo infructuoso en primera instancia derivaron rápidamente en agresiones verbales y desórdenes en la vía pública. Los uniformados procedieron a la detención flagrante de los cuatro involucrados por el delito de oposición a la acción de la fuerza pública.

Tras ser trasladados a la unidad policial para el control de identidad de rigor, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Punta Arenas. El persecutor de turno dispuso que los cuatro imputados quedaran en libertad, apercibidos bajo el Artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de ser citados a declarar ante los tribunales.

El origen: Una destitución por falta a la probidad

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la dirección del Serviu Magallanes, el origen de la controversia habitacional radica en el historial laboral de Roberto Saldivia Llancapani. El exfuncionario fue destituido de la institución a fines del año 2024 luego de que un exhaustivo sumario administrativo acreditara su responsabilidad en una falta grave al principio de probidad administrativa.

Al ser desvinculado y perder su calidad de servidor público, Saldivia vio caducado de forma automática el beneficio legal para habitar la vivienda fiscal. Pese a ello, el afectado inició una contraofensiva judicial que mantiene hasta el día de hoy:

•  Demanda Laboral: El exfuncionario recurrió en primera instancia a los tribunales del trabajo en contra del Serviu, acción civil que fue completamente rechazada por los magistrados.

•  Recurso de Nulidad: Entre fines de 2025 y los primeros meses de 2026, la defensa de Saldivia elevó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el cual se encuentra actualmente en estado de tramitación y acuerdo.

Denuncias cruzadas y sumario interno en el Serviu

El desalojo no estuvo exento de polémicas formales. Tras verse desalojado de la casa, Roberto Saldivia acudió a una comisaría y estampó una denuncia formal ante Carabineros en contra del propio personal del Serviu, acusando apremios e irregularidades en el procedimiento empleado por los funcionarios para recuperar el inmueble.

Frente a esta grave acusación, el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, adoptó una postura de transparencia e informó que solicitó un informe técnico pericial de urgencia para analizar el paso a paso de la diligencia en calle Stambuk:

"Hemos instruido la recopilación de todos los antecedentes técnicos con el objeto de analizar el procedimiento efectuado en terreno y determinar la pertinencia jurídica de instruir un sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos ocurridos", sentenció González Asenjo.

Desde la institución de vivienda confirmaron además que los funcionarios estatales que participaron directamente en el desalojo acudieron de forma voluntaria ante las autoridades policiales para prestar su declaración formal y colaborar en el esclarecimiento de la denuncia.