La crisis sanitaria, medioambiental y económica provocada por los perros asilvestrados en la Provincia de Tierra del Fuego ha alcanzado un punto de no retorno. Lo que por décadas fue calificado por los ganaderos magallánicos como una silenciosa y dolorosa sangría de recursos, hoy se trasladó formalmente a los tribunales de justicia. En un hito sin precedentes en la zona, un grupo de productores ganaderos decidió presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para obligar al Estado a intervenir de manera urgente ante lo que denominan una auténtica "catástrofe productiva".

La acción judicial fue interpuesta por los ganaderos Atilio Calcuta, Enrique Cuevas, Carlos Pérez y los representantes de la Estancia Teraike. El recurso apunta directamente contra los servicios públicos competentes en materia sanitaria y ambiental, así como contra las municipalidades de la isla (Porvenir, Primavera y Timaukel), acusándolos de un evidente abandono de deberes al no adoptar medidas concretas y efectivas que frenen la proliferación de jaurías asilvestradas en la pampa y los bosques de la provincia.

Diagnóstico del seremi: "La situación está fuera de control"

La arremetida judicial de los productores rurales coincide con el adverso análisis entregado por el secretario regional ministerial (seremi) de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada. La autoridad regional no esquivó la gravedad del asunto y admitió con total honestidad que la inacción estatal sostenida en el tiempo terminó por agravar el panorama:

“Es una situación compleja, compartimos el diagnóstico, que está muy difícil de controlar, pero no es una situación nueva. Es un tema que se arrastra ya por harto tiempo y que ante la inacción ha ido empeorando. Cada vez es más difícil poder tener acciones para lograr un control verdadero”.

Para graficar el nivel de destrucción que arriesga la ganadería ovina en la porción chilena de la isla, Cavada llamó a observar el dramático espejo de la provincia de Tierra del Fuego en Argentina:

• El colapso argentino: En el lado transandino, los ataques masivos de las jaurías hicieron colapsar la actividad ganadera ovina.

• Caída del 90%: El stock de ovejas en la provincia argentina se desplomó desde un histórico récord de dos millones de cabezas a apenas 200 mil animales en la actualidad.

• Amenaza sin fronteras: El seremi advirtió que los perros no reconocen los límites frontericios: "Son las mismas jaurías que van a empezar a emigrar y se van a desplazar hacia el lado nuestro".

La ineficacia de la "Ley Cholito" en la pampa austral

Uno de los puntos más críticos expuestos tanto por los recurrentes como por la autoridad de Agricultura apunta a la profunda desconexión de la legislación chilena con la realidad del mundo rural. La Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (conocida popularmente como "Ley Cholito") resulta completamente inútil en este escenario.

El vacío legal de los perros salvajes:

"La Ley Cholito está orientada para el control del animal en entornos urbanos. Cuando hablamos de jaurías de perros salvajes que viven en el bosque o en la pampa, sin dueño identificable, la ley no tiene ninguna forma de afectarlos y termina siendo totalmente inefectiva", detalló el seremi Juan Ignacio Cavada.

Este marco legal no solo resulta ineficaz, sino que, según denunció la autoridad, deja a los propios ganaderos en una posición de absoluta indefensión. Aquel productor que intenta repeler activamente un ataque de jaurías salvajes para salvar la vida de sus ovejas se arriesga a enfrentar costosas denuncias penales por maltrato animal. "Esa persona queda sin herramientas para proteger su propia producción", lamentó el seremi, quien enfatizó la necesidad urgente de impulsar modificaciones legales que permitan la legítima defensa de los rebaños y endurezcan las sanciones para quienes abandonan mascotas en las rutas rurales de Magallanes.