En una maratónica e intensa jornada legislativa que se prolongó hasta las 03:39 horas de la madrugada en la Región de Magallanes (02:39 horas del territorio continental), el Senado concluyó la discusión en particular y despachó a su tercer trámite constitucional el proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. La iniciativa es calificada como estratégica por el Ejecutivo para reactivar la inversión privada, acelerar obras públicas de gran escala y destrabar la burocracia ambiental.

La aprobación en la Cámara Alta representa una señal de enorme relevancia para el extremo sur del país. En Magallanes, millonarios proyectos vinculados al hidrógeno verde, energías renovables, desarrollo portuario y acuicultura han permanecido ralentizados debido a prolongados y complejos procesos de tramitación administrativa y judicial.

Reducción de impuestos y blindaje tributario de hasta 20 años

El corazón económico de la reforma aprobada por los senadores apunta a recuperar la competitividad internacional del país mediante dos herramientas de alto impacto:

• Rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría: El tributo corporativo para las grandes empresas disminuirá progresivamente desde el actual 27% hasta un 23% permanente a partir del año comercial 2029 (fijándose transitoriamente en un 25,5% en 2027 y en un 24% en 2028). Además, se respaldó la reintegración gradual del sistema tributario.

• Invariabilidad tributaria para inversionistas: Se aprobó un régimen especial que congela las condiciones de impuestos para dar certeza en el financiamiento de megaproyectos:

  • Estabilidad por 10 años para inversiones superiores a US$50 millones.

  • Estabilidad por 15 años para inversiones de entre US$50 y US$350 millones.

  • Estabilidad por 20 años para inversiones que superen los US$350 millones.

Destrabando las concesiones acuícolas y el debate por las RCA

En materia regulatoria, el proyecto de ley introduce sustanciales modificaciones destinadas a agilizar los procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Entre las disposiciones despachadas destaca la agilización de los trámites para la relocalización de concesiones acuícolas, la drástica reducción de los plazos legales para invalidar actos administrativos estatales y un punto que encendió el debate en el hemiciclo: la restitución de los gastos financieros a aquellas empresas cuyos proyectos sean revocados con posterioridad a la obtención de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Alivio social: Exención de contribuciones para mayores de 65 años

Más allá del fomento industrial, la sesión parlamentaria incorporó importantes avances en el plano social y familiar:

Beneficios aprobados para la ciudadanía:

• ???????? Exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad establecidos por la ley.

• ???? Acceso garantizado a salas cuna para madres trabajadoras.

• ???? Reforzamiento de los estándares de protección de datos financieros de los usuarios ante el mercado crediticio.

Siguiente paso legislativo y reserva de constitucionalidad

A pesar de que el balance de la extensa jornada fue celebrado por los sectores promotores del crecimiento, parlamentarios de oposición anunciaron reservas de constitucionalidad sobre varias de las normas aprobadas, anticipando la presentación de requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC).

Tras sufrir profundas modificaciones en su paso por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, la propuesta legal regresa ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite constitucional. Si la Cámara Baja rechaza los cambios introducidos por el Senado, el articulado final deberá resolverse a través de una Comisión Mixta.