La reciente emergencia que puso en riesgo y afectó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas encendió las alertas de las autoridades regionales, transformando la erradicación de los asentamientos irregulares del sector norponiente en una prioridad de seguridad pública. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó que el plan de intervención y despeje de los terrenos fiscales se ejecutará de forma impostergable durante el presente año.
El seremi de Vivienda de Magallanes, José Guajardo, anunció que el proceso se desarrollará de manera progresiva. La estrategia gubernamental contempla una primera etapa de reubicación para familias prioritarias de la denominada toma Lautaro, para luego dar paso formal a los desalojos de carácter administrativo, los cuales están programados para comenzar durante las próximas semanas. La autoridad fue enfática en señalar que las ayudas estatales de emergencia que se entreguen en este contexto no tendrán un carácter permanente.
El cronograma de las autoridades de vivienda está acotado para ejecutarse en su totalidad durante el segundo semestre de este año. La meta es clara: el 1 de enero de 2027 el sector no debe contar con habitantes irregulares.
Los esfuerzos de erradicación se concentrarán de forma prioritaria en dos áreas críticas de alta sensibilidad comunitaria:
El terreno trasero del ex Cecosf Sandra Vargas: Espacio que se busca recuperar para restituir servicios de salud y comunitarios a los vecinos del sector.
El perímetro del Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla: Establecimiento dependiente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), donde la seguridad y salubridad de los párvulos es prioritaria.
Por su parte, el director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Omar González, aseguró que las acciones de fuerza y desalojo estarán precedidas por jornadas de diálogo técnico con cada grupo familiar con el fin de acordar salidas ordenadas fuera de los asentamientos.
Plan de Contingencia para Familias Vulnerables:
"Vamos a tramitar algunos subsidios de arriendo para otras personas, principalmente donde hay menores involucrados. Y por otro lado, estamos viendo algunos gastos de traslado transitorio que el ministerio está en aprobación aún, todavía no sale de la Dirección de Presupuestos (Dipres), pero eso está en trámite todavía", detalló el director del Serviu, Omar González.
Para asegurar la transparencia y humanidad del proceso, el Serviu dispondrá de un contingente de asistentes sociales que analizará caso a caso la ficha socioeconómica de los ocupantes. El objetivo final de la caracterización es brindar alternativas viables de reubicación temporal, permitiendo con ello la normalización de la seguridad vial, los accesos de emergencia y el restablecimiento de las actividades educativas y de salud que se vieron mermadas por el crecimiento del campamento irregular.