Incluso
antes de asumir, el gobernador regional Jorge Flies dibujó un nuevo
escenario para la relación entre el ejecutivo magallánico que preside y
el gremio de la industria de salmonera. Hablando tanto desde su
experiencia como ex intendente como desde las “sensibilidades
ambientales” de los sectores que lo apoyan, el gobernador anunció que,
durante su gestión, examinará cuidadosamente el comportamiento de esta
industria que, observada desde el punto de vista estrictamente
productivo, no solo explica cerca de 20% del PIB regional, sino que
genera a lo menos 3.200 empleos directos, y cerca de 15.000 mil empleos
indirectos.
Pese
a esto último el gobernador recordó que algunas de las empresas de esa
industria han, reiteradamente, “incumplido” sus obligaciones
ambientales, razón por la cual no está descartado que, como está
ocurriendo en el sector argentino de Tierra del Fuego, no se entreguen
más concesiones acuícolas. Como era de esperar, estas declaraciones
causaron grave preocupación no solo en la industria salmonera, sino que
en gran parte del sector productivo.
Las
aprehensiones del gobernador Flies (y de quienes se oponen a la
presencia de la salmonicultura en la Patagonia y la Tierra del Fuego) se
sostienen, como sabemos, tanto en el impacto ecosistémico causado por
el escape de grandes planteles de diversas especies de truchas y
salmones (predadores invasores), como en el efecto acumulativo sobre el
fondo marino y la columna de agua de fiordos y canales prístinos que,
esos sectores afirman, son permanentemente causados por grandes biomasas
de salmónidos en cautiverio.
Mirado
el problema en su conjunto, es claro que, si por una parte el Estado
(las instituciones públicas competentes) deben hacer cumplir la ley con
sus reglamentos y estándares, por otra el sector privado también tiene
el derecho a ejercer una actividad económica que, en términos de
tributación y empleo, indudablemente contribuye al bienestar de miles de
familias.
El
desencuentro entre autoridades reguladoras y empresas que revelan los
comentarios del gobernador regional pone de manifiesto que -en gran
parte- esto ocurre en ausencia de un “idioma común” que contribuya a
resolver -en beneficio del “bien común”- circunstancias que, como lo
demuestra la experiencia de otros países acuicultores, “tienen
solución”.
Al
margen de situaciones resultantes de flagrantes ilícitos de naturaleza
tributaria, hasta ahora los problemas entre la industria salmonera y el
sector público se han, en buena parte, generado a partir de acusaciones
genéricas sobre el “impacto ecológico” de la industria en su conjunto. A
esto han contribuido diversos accidentes e incidentes causados o por
mala operación de ciertos centros de cultivo, por eventos meteorológicos
y ambientales extremos (i.e. marea roja y desecho de enormes volúmenes
de peces en descomposición), o por ambas causas a la vez. En la práctica
la repetición de este tipo de circunstancias es lo que afecta no solo
la “imagen pública” de dicha industria, sino que, “en los hechos,
dificulta su aceptación social. Todo a pesar que es “una actividad que
crea empleo”. Para la mayor parte de los ciudadanos no hay “otras
razones” para empatizar con el gremio salmonero. Es esto lo que deja la
solución del problema a aquellos que, sin vivir en el Austro, desean
convertir a nuestra Región en un mero laboratorio natural para beneficio
propio (aquellos qulucran de proyectos financiados con fondos
públicos).
Al
respecto valga recordar que, desde la organización sin fines de lucro
MagallaniaCorp, hace un par de años intentamos interesar a dicho gremio
para desarrollar un sistema de monitoreo satelital y de superficie que
debía construirse desde una actividad de “ciencia ciudadana”, esto es,
invitando a toda la comunidad a construir una base de datos
geo-científicos colectados por servicios públicos especializados (i.e.
MeteoChile, ServiMet de la Armada, IFOP, SernaPesca, etc.). Ello, para
enseguida poner a disposición de las empresas -y también de los
servicios reguladores- una herramienta para, en tiempo real, reconstruir
y pronosticar el comportamiento del tiempo atmosférico y de la columna
de agua en cualquier parte de nuestro territorio.
En
concreto, propusimos una herramienta inspirada en exitosos modelos
empleados por NOAA de Estados Unidos y diversos organismos reguladores
de la Unión Europea, utilizados para monitorear y gestionar territorios
de ecosistemas frágiles y/o amenazados. Luego de un acuerdo inicial
(que incluyó un proyecto aprobado por el Comité de Donaciones
Culturales), el gremio salmonero nunca terminó de aceptar la
construcción de la dicha herramienta tecnológica pensada -y esto es lo
relevante- para “objetivar” su relación con los entes reguladores y el
conjunto de la sociedad.
En
ausencia de una herramienta tecnológica sostenida en datos e
información pública y gestionada con modelos internacionalmente
reconocidos, el diálogo con el Gobierno Regional elegido (y un Estado
central cada vez más preocupado por el impacto ambiental de la
acuicultura), el futuro de la salmonicultura magallánica se avizora
complicado y complejo. A mediano y largo plazo -y a pesar de las
certificaciones, las inversiones y los compromisos adquiridos- lo que
verdaderamente está en juego no es, nada más ni nada menos, que la
“esperanza de vida” de dicha industria.
En
el caso de que en su relación con la comunidad el gremio salmonero
persevere, por una parte, en evitar asumir el problema de fondo (dar
seguridades de que sus faenas no producen una degradación general y
permanente al conjunto del medio ambiente magallánico) y, por otra, en
insistir en el asistencialismo paternalista para “desactivar”, caso a
caso, grupos locales de contradictores, en tanto “actividad industrial”
seguirá expuesta al escrutinio genérico en el cual “la carga de la
prueba” es al revés: la salmonicultura “es culpable hasta que demuestre
que es inocente”. En ese escenario el Estado está obligado a estrechar
su cerco a la salmonicultura.
Acudir
al “idioma común” de las aplicaciones científicas y tecnológicas para
compartir un diagnóstico y un plan de gestión territorial, común,
transparente y de largo plazo es un desafío tanto para el Gobierno
Regional elegido como para el gremio salmonero. La pregunta es: ¿Cuál de
los dos está dispuesto a tomar la iniciativa?