La entrega de
millonarios montos a fundaciones ligadas al gobierno para realizar
proyectos de cuestionada procedencia, y los cinematográficos robos a
dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de
Patrimonio y la Corporación de Asistencia Judicial, confluyen en una
trama de ficción difícil de procesar por estos días, en nuestro país.
Lo
anterior, hace cuestionar aún más la credibilidad del Estado frente a
la ciudadanía. Si nuestras instituciones ya atravesaban por un
desprestigio histórico, lo ocurrido en las últimas semanas es alarmante.
Para
muy pocos resulta creíble que los convenios millonarios adjudicados de
forma directa se hayan utilizado para paliar saneamientos básicos,
construcción de caminos y en definitivas ayudas sociales del programa de
Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda. Es más, todo apunta
a un modo de operar bastante burdo que buscaba malversar fondos
públicos destinados a las personas más necesitadas de nuestra población y
también muy probablemente para desarrollar proselitismo político. Hoy
todo en manos de la justicia y organizaciones competentes.
¿Quiénes
pierden con todo esto? Perdemos todos. La fe pública se pone en tela de
juicio, la democracia tambalea, a los políticos nos ponen a todos en un
mismo saco de corrupción e ineptitud y peor aún el descrédito a las
instituciones toma fuerza.
Lo
único cierto en esto es que la “superioridad moral” de la que se jactó
el actual gobierno, definitivamente no es tal y lo que requerimos los
chilenos es que actúen con mayor honradez, menos populismo y más trabajo
serio, responsable, con sentido social y de urgencia.