Esta
semana, y en algo que no debiera sorprender a ninguna persona
medianamente informada que ha seguido el devenir y proceder de la
Convención Constitucional, se aprobó en el pleno del organismo el primer
artículo del informe emanado desde la Comisión de Sistemas de Justicia.
Con 107 votos a favor y 41 en contra, los convencionales dieron luz
verde al apartado titulado “la función jurisdiccional”, a saber: “la
jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los
pueblos y que consiste en conocer, juzgar y ejecutar con efecto de cosa
juzgada todos los conflictos de relevancia jurídica, por medio de un
debido proceso, de conformidad a la Constitución, las leyes y los
estándares internacionales de Derechos Humanos”.
Con
esto la imparcialidad del (aún) denominado Poder Judicial quedaría (de
aprobarse la Nueva Constitución) en nada y subyugado al poder Ejecutivo –
Legislativo. En términos simples, si consideramos que en Chile existen
10 pueblos o etnias originarias, podemos inferir que son más de 3.200
las comunidades indígenas con lo cual habrían más de 3.200 autoridades
que podrán juzgar a cualquier persona, sobre cualquier materia y con su
derecho propio (que no está escrito). Entonces la pregunta cae de cajón:
¿Cómo lo hará un chileno/a para tener certeza jurídica? ¿Quién actuará
como garante del debido proceso?
Pero
lo que resulta más anecdótico es el comportamiento de los
Convencionales del pacto Vamos por Chile, quienes se han dedicado a
alegar (y con justa razón, porque es una aberración) contra este hecho a
través de sus redes sociales e incluso llegando a afirmar que se
declaran en “estado de reflexión”. Si bien nadie entiende qué o cuál
tipo de “reflexión” lo cierto es que una vez más la derecha, al verse
maquinada por la izquierda, agacha la cabeza y les sigue dejando la
cancha a éstos para que hagan y deshagan a su soberano antojo. Cierto,
si bien la izquierda no cuenta con los dos tercios en plenitud (que eso
si sería humillación y paliza total para convencionales de derecha)
éstos han sido capaces de tender puentes, logran acuerdos y construir
mayorías circunstanciales que les permitan avanzar en sus ambiciones.
La
derecha, en tanto, más allá de algún exabrupto o salida de libretos
(micrófonos abiertos mediante) ha sido incapaz no sólo de tender
puentes, sino también de comunicar que está pasando en el seno de la
convención, informar a la ciudadanía con objetividad y poniendo los
hechos sobre la mesa más allá de sus opiniones personales. Lo que la
derecha tiene que entender de una buena vez, especialmente quienes están
en la Convención, es que deben mejorar no sólo sus formas de comunicar y
meter más razón y menos pasión en sus análisis: lo que deben hacer es
presentar hechos, por qué podrían ser malos para el país y dejarle la
libertad a las personas para que se informen y tomen decisiones. Si
Vamos por Chile continúa en el camino de la eterna cantinela del
desprestigio claramente sólo le seguirán hablando a su sector, al 22%
que votó rechazo y dejando pasar una oportunidad valiosa de construir
mayorías que les permitan, por el bien del país, salvarnos de una
debacle cuyas dimensiones e impactos son incalculables, más allá del
ethos romántico que tiene (que duda cabe) una Constitución nacida en
democracia que deja atrás a Pinochet y Guzmán, inclusives.
A
esto se están enfrentando los convencionales de Vamos por Chile y todas
aquellas personas que comienzan a entender los riesgos del accionar
constitucional. La derecha tiene que construir y armar un relato
convocante, llegando incluso a sectores de izquierda moderada, liberal y
democrática. Pero si el miedo le llegase a ganar a la razón, si el
ímpetu le gana a la prudencia, si los cantos de sirena son más fuertes
que el sentido común, entonces nada más podremos hacer que recordar, con
añoranza, la nación que alguna vez fuimos, que pudimos llegar a ser,
pero que a nadie pareció importarle.