Verano de 1998 y en las redacciones de diversos medios de Temuco sonaba una llamada telefónica. A las 9
del día siguiente, los dirigentes mapuches de las comunidades
movilizadas darían una declaración en la sede vecinal de Temulemu.
Todavía
recuerdo esa mañana cuando el vehículo giró a la izquierda saliendo del
plácido pavimento de la carretera, para internarse en el ripio de un
mundo
casi sacado de una película de guerra. A lo lejos, una retroexcavadora
ardía. Un punto de control policial nos corta el camino. Camiones
blindados y Fuerzas Especiales de Carabineros por doquier.
– “¿Quienes son?, ¿adónde van?”
Y luego vinieron los puntos de control mapuches. Grupos de adolescentes de no más de 10 o 12 años, armados con “huiños” o palos de chueca, recorrían orgullosos los polvorientos caminos, convertidos en virtuales vigilantes del territorio.
A lo lejos, las llamas del incendio desatado por la maquinaria atacada se elevaba imponente, dominando la escena, junto al ruido de los helicópteros bajo un sol abrazador.
Parecía una película de guerra, pero no lo era.
A la vista de todo ello, los dirigentes mapuches de las comunidades de Temulemu, Didaico y Pantano lanzaban un manifiesto en que
defendían su derecho a la movilización, recuperación de tierras y
autonomía. Por supuesto, decían no tener ninguna responsabilidad en el
ataque, porque como insistían una y otra vez: “la violencia no la ponen
las comunidades, sino la represión del Estado de Chile”, enfatizaban.
Para
mí, lo más terrible era preguntarme qué sería de aquellos niños que
crecían de esa forma, convencidos seguramente por sus padres que ellos
eran parte de una gran causa, una gran lucha.
Más
de 30 años después, escucho otra llamada. La de mi sobrino, un joven
universitario que paseaba con sus amigos en un auto particular por
Tirúa, me dejaba el siguiente mensaje: “Un tipo en camioneta nos vio y
empezó a seguir. Luego se bajó y nos disparó con una escopeta. Chaíto,
yo me voy gracias”, dijo al despedirse.
“Todos los que han ido para ese lado (Tirúa, Cañete), tienen problemas y salen mal”, me dice un amigo en la cercana Angol.
Era la respuesta a mi pregunta.
Una generación
entera creció en La Araucanía con el convencimiento que la violencia es
una herramienta legítima, que sus reivindicaciones son legítimas, que
pueden odiar y quemar, quemarlo todo ojalá, no sólo bienes materiales,
sino también incluso, personas como ocurriera recientemente con el
agricultor Hernán Allende, en Carahue, mientras que su esposa permanece
grave.
Y si al principio los ataques se dirigían contra la infraestructura forestal y algunos agricultores
muy definidos, pronto el fuego se extendió a escuelas, iglesias,
incluso cabañas de turismo y casas de veraneo, al punto de verse
familias huyendo en bote por el lago Lanalhue, mientras sus casas se
incendiaba.
Consultados si
estos ataques incendiarios son terrorismo, entonces como ahora, los
defensores de la causa mapuche siempre han insistido en que estos se
dirigen contra bienes, no contra personas. “Eso no es terrorismo, porque
su objetivo no es matar a nadie”, decían.
En
consecuencia, la violencia creció ante la indiferencia cómplice del
Estado, la clase política y la opinión pública en general.
Cuando
un día, la Presidenta Michelle Bachelet visitó Vilcún en La Araucanía
durante su primer mandato, una mujer se abrió paso entre la multitud y
le entregó una caja. “Señora Presidenta, estas son las cenizas de la
casa de mi familia, incendiada por terroristas. Por favor ayúdenos”.
Bachelet nada le contestó y casi nadie respaldó su pedido.
Años
después, en 2013, también en Vilcún, se produciría la muerte del
matrimonio Luchsinger Mackay, quien pereció al ser incendiada su casa
por comuneros mapuches, con quienes mantenían una larga historia de
enfrentamientos.
Aun así, la propia Bachelet diría desde La Araucanía ese mismo año que “no necesitamos Ley Antiterrorista”.
Para
entonces, sin embargo, el conflicto ya sumaba muchas muertes: mapuches y
no mapuches. De hecho, el ataque a los Luchsinger se realizó en el
propio aniversario de la muerte del comunero Matías Catrileo, asesinado
por Carabineros, mientras participaba en una toma. Pronto, el conflicto
sumaría más muertes.
Un día me encuentro con una joven mapuche en Cañete,
uno de los epicentros del conflicto. Quería ser Carabinero. Intrigado
le pregunté porqué: “Mi papá era cuidador de un fundo y lo tenían
amenazado por eso. Estaba con protección policial hasta que el tribunal
ordenó que se la quitaran. Los carabineros se fueron y a él lo mataron”,
recordó con dolor, la joven quien vivía junto a su madre, rodeada de
Fuerzas Especiales.
Y
sin embargo, el Congreso se encargó que la Ley Antiterrorista chilena
sea redactada de tal manera que fuera imposible aplicarla contra el
movimiento mapuche y, por extensión, contra nadie. La actual norma ni
siquiera permite escuchas telefónicas y las indicaciones que han buscado
corregir esta situación duermen en el Congreso.
Así,
cuando un día, la Fiscalía tomó detenidos a más de 30 personas,
incluidos hasta los abogados de los sospechosos por estos ataques, pero
el tribunal ordenó su libertad… Las escuchas telefónicas que servían de
prueba para los atentados, habían sido solicitadas por la Ley
Antidrogas y los jueces consideraron que los hechos descubiertos no eran
constitutivos del delito de drogas.
En tanto, un académico lleno
de títulos de la Universidad Católica de Temuco, me dijo un día, a
propósito de la violencia mapuche, “es la única forma que tiene una
comunidad ignorada por el Estado de hacerse escuchar”.
Si eso piensan algunos de quienes hacen clases en las universidades, ¿qué queda para el resto?
La
legitimación de la violencia, la crueldad y el desprecio por las leyes,
se han asentado en el sur de Chile, hasta niveles inauditos: un
imputado por delitos terroristas se refugia en la comunidad de
Temucuicui y no alcanzan cientos de efectivos de la PDI, para detenerlo
siendo repelidos a balazos. Un segundo intento, no tendrá mejor suerte.
Por
ello el Presidente Sebastián Piñera decidió declarar estado de sitio,
en la macrozona sur, una medida arriesgada, fruto del abandono de tantos
años, pero acaso necesaria ante la ola de atentados.
Los
candidatos, en tanto, muestran sus propuestas: Boric quiere insistir en
el diálogo, Kast y Sichel mantener a los militares… Como sea, se
necesitan caminos diferentes que permitan devolver la esperanza a una
zona que, hasta ahora, simplemente carece de ella.