Las leyes 21.073 -que definió la elección de gobernadores regionales y 21.074 -que estipuló el fortalecimiento de las regiones a través del traspaso de competencias-, promulgadas en febrero de 2018, aspiran a lograr una descentralización efectiva del país. Han pasado cinco años y no lo hemos notado, todo lo contrario, no hemos visto grandes beneficios para la Región de Magallanes y Antártica Chilena, una de las zonas del país que más lo anhelaba desde hace décadas.
Hay varias cosas que no están bien resueltas. Incluso asuntos que no fueron mayormente analizados en esas leyes pueden ser motivo de disputa. Por ejemplo, la investigación demuestra que la distribución de los gastos de funcionamiento de las distintas regiones no sigue una lógica replicable. En parte, porque no hay un conjunto de parámetros conocidos que la guíe.
Para las máximas autoridades regionales todo ello, posiblemente, es un motivo de controversia. Esto puede ocasionar numerosos problemas una vez que se decrete la transferencia de competencias a las regiones. Si bien ese proceso está acotado a las áreas de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, la concreción del traspaso supone la verificación de la disponibilidad de recursos económicos y personal.
Indudablemente que, si hay errores en la determinación de los costos que supone desarrollar las tareas que se les asignan a las regiones, estas no podrán ser ejecutadas apropiadamente. Aún no queda claro cómo se evitarán duplicidades ni cómo impedir que ello se produzca, ya que hay que considerar que los gobernadores regionales coexisten con los delegados regionales presidenciales, que este mismo Gobierno del Presidente Gabriel Boric dijo que iba a terminar con ellos, pero al final parece que igual le acomodan. Aunque algunos lo nieguen, ya está ocurriendo que la autoridad central está insatisfecha con el desempeño de la autoridad regional en el ámbito traspasado.