Los
chilenos aún no perdemos la capacidad de asombro, una prueba de ello es
la campaña comunicacional de una minoría representante de la elite
política en Chile que intenta persuadirnos de que “ellos” son los
representantes legítimos y fiscalizadores del trabajo desarrollado por
los convencionales. Por cierto, me refiero a los tradicionales
dirigentes políticos que han sido protagonistas de las grandes
decisiones de nuestro país en materia de economía, de políticas
sociales, de educación, de vivienda, de trabajo. La llamada “clase
política” que ha ocupado cargos en todos los gobiernos de la transición,
hoy día ve con terror cómo otros representantes, otros poderes surgen
en un escenario en que ellos no tienen cabida.
Por ello, el principal recurso que han utilizado es la descalificación
del trabajo desarrollado por 154 representantes populares desconociendo
no sólo la voluntad de 6,3 millones de chilenos que los eligió para
redactar la Nueva Constitución, sino además cuestionando y
descalificando el texto constitucional a partir de aspectos
estructurales y unas cuantas normas con campañas basadas en frases
reiterativas, nada explicativas, ni menos argumentativas, sino más bien
slogan e imágenes copiadas de otros momentos políticos e históricos que
nada tienen que ver con sus críticas, ni menos con su ideología. Este
grupo con una alta presencia en los medios, producto de los apoyos
económicos recibidos (ver página de transparencia) representa justamente
aquello en lo que la ciudadanía NO confía, de hecho, el 10 de junio del
2022 el CEP (Centro de Estudios Públicos) presentó los resultados de
una encuesta en que la ciudadanía declaró tener apenas un 4% de
confianza en los partidos políticos. El 30 de abril de 2021, el mismo
Centro informó que esa confianza llegaba a solo 2%. Por su parte, Cadem
el 11 de octubre de 2020 anunciaba que ningún partido político tenía más
del 4% de imagen positiva para la ciudadanía consultada. Y la encuesta
FIEL-MORI, el 26 de noviembre de ese mismo año, comprobó que solo el 6%
de los consultados confiaría a los partidos políticos la redacción de la
nueva Constitución. No obstante ello, estos dirigentes políticos
descalifican a los representantes que sí convocan a una gran parte de la
ciudadanía y que sí cuentan con la confianza de los chilenos, en tanto
6,3 millones de votantes los eligieron con altos porcentajes de
votación. Por otra parte, además de desconocer su representatividad
tienen la osadía y el desparpajo de cuestionar su labor profesional,
técnica, su capacidad de análisis y preparación de un texto
constitucional y ciudadano que tanto en la forma como en el contenido
reúne las exigencias propias de un texto de esta naturaleza, de acuerdo a
juristas, académicos y analistas del mundo entero. Carentes de respeto a
la autoridad legítima y democráticamente electa para redactar una nueva
constitución para Chile, descalifican su labor con pseudo argumentos
acerca de una supuesta “calidad” de la nueva constitución. Cabe recordar
que los 154 convencionales no sólo presentan altos estándares
profesionales y académicos,
sino que además representan la confluencia de saberes de diversa
naturaleza que otorgan una riqueza cultural desconocida en nuestras
tradicionales instituciones. Es así como la Convención contó con una
mayoría de abogados (59); profesores (19) ingenieros (12), seguidos por
periodistas, científicos, médicos, profesionales de la salud,
trabajadores de diversos rubros y dirigentes comunales, “dueñas de
casa”, así como un representante de cada pueblo indígena reconocido por
nuestro Estado. Entonces, cabe preguntarse, ¿comparten dichos actores
políticos las condiciones formativas, académicas, profesionales y de
diversidad cultural de los representantes convencionales? Presentan
condiciones de superioridad en algún ámbito que les faculte para auto
proclamarse jueces y evaluadores del trabajo de nuestros representantes
convencionales. ¿Por qué deberíamos confiar en que ellos redactarán una
mejor Constitución para Chile?, en qué basan sus premisas de supuesta
superioridad moral (¿confianza del pueblo?) y “supremacía constitucional.
Pareciera ser que tras sus palabras se oculta un temor no declarado a
perder el poder y control económico, político, cultural, educacional y
social que la Nueva constitución pone en entredicho al declarar un
Estado, social, democrático y de derechos.