Desde
hace un tiempo los chilenos vivimos amenazados por el narcotráfico, y
la Región de Magallanes y Antártica Chilena no está exenta de aquello.
Los habitantes de La Araucanía viven atemorizados por la violencia, el
terrorismo, y los carabineros que han sido objeto de atentados, además
de tantos trabajadores de empresas que han visto afectada su fuente
laboral por los efectos de la violencia, merecen que se haga justicia. Y
ahora nuestros camioneros de Magallanes también sienten temor de
transitar por las rutas de la Novena Región. Y día a día vemos cómo
compatriotas, amigos y familiares se ven afectados en Santiago por
encerronas y portonazos. Y ante estas amenazas no hemos recibido señales
claras desde los diferentes gobiernos y desde diversos sectores
políticos, especialmente por parte de aquellos que tantas veces
contextualizan o directamente justifican las expresiones violentas, o de
quienes, para eludir las propias, generalizan las responsabilidades a
la sociedad toda o se limitan a pronunciar palabras de condena, sin
acompañarlas de acciones legislativas coherentes con la gravedad de los
hechos. Hoy pasear por el centro de Punta Arenas es darse cuenta de cómo
el vandalismo se apoderó de nuestras calles y durante los últimos meses
de 2019 y principios de 2020 no se hizo nada al respecto. El orden
público que permita a los chilenos vivir en paz es responsabilidad
exclusiva del Estado, principio que fue reafirmado por los firmantes del
Acuerdo por la Nueva Constitución y la Paz Social del 11 de noviembre
de 2019. Las políticas públicas para fortalecer las capacidades del
Estado para alcanzar eficazmente este objetivo, con el debido resguardo
de los derechos humanos, son responsabilidad de la política, del
Ejecutivo y del Congreso. Y en ese sentido, el Estado en su conjunto y
la política han fallado, al punto de que urge enmendar el rumbo. Hace
poco el general de Carabineros, Ricardo Yáñez, lo señaló así de claro,
con esas palabras, por eso hacemos alusión a esto. Hay muchos chilenos
que perdieron la paciencia, porque está siendo muy difícil que podamos
volver a poner a Chile de pie. Si no nos ponemos de acuerdo y frenamos
esta violencia será muy difícil que tras esta pandemia logremos la
reactivación económica.