A pocas semanas que los
magallánicos y magallánicas elijamos a los convencionales que nos
representaran en la Convención, aún se escuchan voces que señalan que la
Nueva Constitución es irrelevante o que no solucionará nuestros
problemas. Que es más de lo mismo y que ni las AFP, ni Fonasa, ni las
Isapres están reguladas en la actual Constitución, por lo que las
reformas en materia de pensiones, educación y salud dependen de cambios
legislativos. En el otro extremo también hay voces, incluso de
candidatos a constituyentes, que parecieran no entender de qué se trata
el debate constitucional, o con el afán de conseguir votos, ofrecen
cambios legislativos elevando, peligrosamente, las expectativas en este
proceso. Lo cierto es que las constituciones tienen dos partes: (i) el
listado de derechos, o parte dogmática, en la
que por ejemplo encontramos el derecho a la salud, educación y
seguridad social (que sirven de base para nuestros sistemas nacionales
de salud, educación y pensiones); y, (ii) la organización del poder o
parte orgánica que configura nuestro orden democrático sentando las
bases del rol del Estado (la base de nuestro sistema de gobierno,
sistema judicial, los gobiernos regionales y comunales). Si me permiten
usar una metáfora, en la constitución están las semillas de nuestros
sistemas de pensiones, de salud, de educación, el rol de la ciudadanía
en nuestra democracia y la configuración regional y comunal de nuestro
país.
Así,
dado que la semilla del derecho a la seguridad social (pensiones) en la
actual Constitución garantiza solo el acceso a un sistema, sin incluir
los principios de solidaridad y universalidad, hoy contamos con un
sistema de capitalización individual, que replica las inequidades del
mercado laboral, y en el que las protagonistas son las AFP. En materia
educacional, la Constitución de 1980 eliminó el rol primordial del
Estado y también la prohibición de lucro de los privados (que existía en
la Constitución de 1925), lo que explica en parte los escándalos de
lucro en universidades y el complejo momento de nuestra educación
pública. Finalmente, en el caso de la salud nuevamente la actual
constitución solo garantiza el poder elegir entre un sistema privado o público,
que explica que en nuestro país hayan dos sistemas separados: uno con
muchos fondos y mejor calidad para quienes pueden pagar, y otro masivo,
con largos tiempos de espera, para quienes no.
Entonces,
para modificar nuestros desiguales sistemas de pensiones, educación y
salud requerimos un nuevo pacto social que reemplace las viejas semillas
implantadas en 1980 y plante nuevas basadas en mayor dignidad, equidad y
justicia. Pero de una nueva semilla no nace inmediatamente un árbol,
sino que se requerirá un tiempo para que nuestro nuevo sistema
democrático, con un mayor equilibrio entre el Presidente o Presidenta,
el Congreso y la ciudadanía, y con más autonomía en las regiones y
comunas, hagan crecer árboles más justos y solidarios. El 80% de los
chilenos y chilenas que votamos Apruebo sabemos de la importancia de
este proceso, por lo que es poco probable que aquellas voces que la
niegan triunfen este 11 de abril.
Decide, participa y vota.