Nadie,
ni desde, incluso, el gobierno podría dejar de admitir que es compleja
la situación que estamos enfrentando en el país, en materia de seguridad
y la seguidilla de actos de violencia de la que somos testigos en Chile
y, muchas víctimas de los delincuentes, varios de ellos chilenos y
también migrantes ilegales que cuentan con un robusto prontuario.
Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 los homicidios crecieron 33,4% respecto del año anterior, la segunda mayor variación en América Latina detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80%.
En
las últimas semanas, nos enfrentamos con el asesinato de tres
carabineros, justo en medio de la tramitación de la Ley Naín-Retamal que
refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de
Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de
aeronáutica civil. Esta iniciativa fue promulgada, finalmente, el 6 de abril, por La Moneda.
Sin
embargo, en medio del debate que todos esperaríamos que fuera siempre
con altura de miras, bajo argumentos lógicos, amparados en el
conocimiento y en un análisis exhaustivo, las ministras del Interior,
Carolina Tohá y la vocera de Gobierno,
Camila Vallejo, se dieron el lujo de señalar que con la Ley
Naín-Retamal, lo que se garantiza es el “gatillo fácil” de parte de
carabineros. ¿Estas funcionarias públicas que apoyan con uñas y dientes
al Presidente Boric,
sabrán que la policía uniformada en Chile es profesional, tienen
instrucción y formación y que andan “a tontas y a locas” disparando a la
gente en plena calle? Un asunto es que, su ideología sesgada, las lleve
a creer que Carabineros
va a comenzar a disparar a cualquiera que se le cruce en la calle,
demostrando así su desconocimiento completo sobre el actuar de
carabineros. Un asunto es que, intrínsecamente, la institución de Carabineros
la quieran borrar del mapa, pero otra cosa, es ser autoridad pública
que, se supone, que está en favor de la protección de todos los chilenos
y no estar dejándose llevar por órdenes de partidos y por sus propias
creencias, cercanas a la extrema izquierda.
Y hasta hemos escuchado a la ministra Tohá dando ejemplos muy burdos sobre cómo delimitar la actuación de Carabineros
frente a los actos de violencia protagonizados por delincuentes. Parece
que la militante del PPD quiere que un carabinero, en medio de un
proceso de fiscalización por narcotráfico, le pregunte al delincuente
que está robustamente armado si le puede disparar en el pie o en la
rodilla. ¿De qué estamos hablando? La izquierda y ese afán de velar por
los derechos de los delincuentes, antes que el derecho del resto de la
ciudadanía a vivir en paz, sin que el vecino del lado o de la casa del
frente, a agarren a balazos por transacciones de drogas, que lancen
fuegos artificiales y que organicen fiestas que terminan con heridos y
muertos.
¿Te
puedo disparar?, ¿cómo sé si puedo utilizar mi arma de servicio si el
conductor de un vehículo, que es un delincuente protagonizando delitos,
huye de la fiscalización para evitar ser controlado o lo hizo, porque
justo le surgió una emergencia familiar? Esas son las interrogantes
absurdas que, al parecer, Tohá -con todo el gobierno detrás-, quieren
que Carabineros se formule antes de utilizar su armamento. ¿No le parece a usted burdo esto?
Otro ejemplo práctico:
Tohá se refirió al actuar del carabinero que disparó y mató al sujeto
que atropelló a su compañero de patrullaje y dijo: “Si el disparo fue
para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, si fue cuando el
vehículo iba huyendo y fue para evitar su huida, es otra (…) Se tiene
que determinar si el disparo fue para evitar el atropellamiento o la
huida”. ¿No sabe la ministra
del Interior que esta situación de dio en fracciones de segundo, frente
a un escenario complejo donde no hay tiempo de ponerse a reflexionar?
Ha surgido todo un debate en torno a las afirmaciones de la ministra
del Interior, las que se han incrementado frente a la insistencia del
gobierno de ingresar al Congreso, su proyecto de ley sobre reglas del
uso de la fuerza para policías, iniciativa que tiene una función de
complementariedad, respecto de la nueva Ley
Naín-Retamal. No hay que leer bajo el agua, ni hacer magia, para darse
cuenta de que lo que se pretende es volver a dejar a la policía con los
brazos cruzados y con un margen muy acotado de actuación como está
ocurriendo hace años.
¿Tiene
lógica insistir en las restricciones? Ninguna, cuando el Congreso dio
luz verde a aumentar las facultades que tienen las policías. Lo que se
está haciendo es querer dar vuelta la decisión del Congreso y el clamor
ciudadano a que existan policías que tengan garantizada la posibilidad
de actuar con mayor firmeza ante los delincuentes.
Quizás,
a la administración de Gabriel Boric le molesta el respaldo ciudadano
que está recibiendo carabineros. Así lo dejó en claro la última Encuesta
Plaza Pública Cadem, que destaca un alza en la aprobación hacia la
gestión de Carabineros (79%), la más alta desde 2015, año en que comenzó
a ser medida.
¡Cuando no les gusta la cueca, lo que hacen quienes forman parte de este gobierno, es salirse del ruedo y seguir contraatacando!