Las
pensiones de gracia en Chile son un beneficio cuyo principal objetivo
es mejorar la calidad de vida de algunos conciudadanos quienes viven en
situación de vulnerabilidad social, beneficiándolos con ingresos
variables, fijados en mínimos no remunerables, otorgados por un periodo
definido o vitalicio según corresponda por el Presidente de la Republica
en ejercicio.
En
otras palabras, estas pensiones van dirigidas a personas naturales que
hayan prestados servicios distinguidos, especialmente meritorio en
beneficio importante del país (más allá de su deber personal). A la vez,
a individuos afectados por accidentes, catástrofes, a razón de
enfermedad, invalidez, vejez o cualquier otra causa que justifiquen
dicha pensión.
Por
este carácter especial, estas compensaciones han llegado a tener
controversias políticas y sociales respecto al modo de selección del
gobierno en ejercicio, al entregárseles a individuos con perfiles
cuestionables, condenados por delitos tales como pornografía infantil,
homicidios, abuso sexual, desórdenes en el estallido social, entre
otros.
En
pocas palabras, son cientos de millones de pesos que están siendo
despilfarrados en estas personas, sin ningún motivo justificable que
amerite. Por lo cual ya se está elaborando un resquicio que abra una
investigación de oficio para buscar posibles delitos en la entrega de
estas dadivas y la selección de candidatos, así denunciar a los
involucrados por estafa a la buena fe y a la ciudanía.
Es
bueno reflexionar sobre los criterios usados. Entregar estas pensiones a
personas que han sido condenadas, algunas a tres años por lanzamiento
de artefactos incendiarios y que el Estado no discrimine su elección por
salir a destruir propiedad privada y pública, es un problema. Puede ser
tomado como una aprobación indirecta al comportamiento disidente al
gobierno anterior, un reconocimiento a sus acciones. La señal es que el
Estado no los excluye pese a saben de antemano el prontuario.
Debemos
presumir que deben tener algunos contactos, pitutos e inclusive
vinculaciones políticas. Sin embargo, pese a urdir el tipo de
comportamiento delincuencial, exigen que el Estado los indemnice
exponiendo a sus mecenas y los intereses de por medio que los motivó a
apoyarlos. Eso el colmo de la sinvergüenzura. El gobierno no está para
darse complacencias ideológicas, sino para gobernar a todo el país, de
lo contrario nos demuestra que simplemente son una montonera ideológica y
fanática.
Al
mismo tiempo, todos nos hacemos la pregunta sobre que dice el
presidente y su bloque acerca del tema. Los comentarios que ronda
indican que una parte desea revocar la gracia, mientras la otra afirma
que es rol del Estado de reparar aquellos que fueron infringidos en el
estallido social. El presidente al final da una opinión bastante
escueta: “Hay que corregirlo”, sin reconocer abiertamente que fue un
error, porque en el génesis para ellos no fue un error.
En
el fondo, para quienes dirigen el Estado estos beneficios eran
merecidos por estos inocentes angelitos que salen hacer política
quemando y causando daños a la vía pública. Obviamente este es uno de
los recurso para hacer política, comúnmente usados en una revolución o
enfrentando una dictadura, los llamados métodos de impugnación.
No
obstante, aquí estamos en democracia y no nos puede gustar ese modelo,
ni mucho menos ser defendida por la sociedad. Quién nos da el derecho de
carbonizar negocios, estaciones del metro, edificios, farmacias,
iglesias, saquear quioscos y llevar todo nuestro resentimiento a tal
nivel de causar daños a personas semejantes a nosotros que trabajan. Acá
es natural que la autoridad por ley deba salir a reprimir y a controlar
el orden público. Los excesos de las autoridades es un saco de otro
costal, el tema en discusión es que los manifestantes deben ser
responsables de sus acciones, sobre todo de intentar desafiar el orden
público y a quebrantar la institucionalidad.
Este
tipo de personas no pueden ser premiadas, no se puede estimular a los
valores equivocados. Está bien el idealismo y la participación política,
pero la política y el idealismo no es lo mismo que anarquía, violencia e
incendio. Por eso los dichos del subsecretario del Interior Manuel
Monsalve que se revocarían las pensiones otorgadas a condenados “lo
antes posible” son de un carácter revindicativo.