Han
pasado poco más de cuatro años desde la promulgación de la Ley de
Educación Superior, que instauró en nuestro país una política pública de
gratuidad universitaria con carácter universal, y que trajo consigo la
creación de múltiples instituciones públicas para su implementación,
generando muchas nuevas regulaciones para las universidades (públicas y
privadas) que se decidieron adscribir.
Posiblemente
uno de los aspectos en que mayormente cambió la regulación es en el
sistema de acreditación, donde las exigencias han ido subiendo
progresivamente, para que desde 2023 sean cinco los campos obligatorios
de certificación: docencia y proceso de formación; gestión estratégica y
recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad;
vinculación con el medio; e investigación, creación y/o innovación.
La
pregunta para aquellas universidad adscritas, entonces, es: ¿cómo ser
sustentable financieramente con todas las nuevas exigencias, que suponen
bastantes mejoras y mayor uso de recursos? La respuesta no es una sola.
Sin
duda, uno de los primeros aspectos a considerar para mejorar la
eficiencia de la gestión, es sumarse con fuerza a la transformación
digital, entregando nuevas competencias a los alumnos mediante el uso de
las TIC como motor de desarrollo educativo, y desde la otra cara de la
moneda, instando a que los docentes actualicen sus métodos de enseñanza,
para dejar atrás la mera memorización de la materia, y promover la
creatividad, la aplicación práctica y la investigación mediante la
tecnología.
Los ajustes en
la innovación curricular de las carreras en sentido amplio, por
ejemplo, eliminar la duplicidad de asignaturas en los planes de
estudios, es una tendencia mundial. Y podría posibilitar –por ejemplo–
tener mayor cantidad de alumnos y generar mayor rotación, provocando
números azules, y permitir el egreso prontamente de los futuros
profesionales al ejercicio profesional y laboral con se consecuente
obtención de ingresos.
Fórmulas hay varias, pero el punto es que, ad portas de la aplicación completa de la Ley de Educación Superior, las universidades adscritas a la
gratuitad requieren un buen análisis institucional integrado, y
especialmente, un estudio de su sustentabilidad financiera, para seguir
creciendo como instituciones.
Ser parte de la política pública de gratuidad es positivo, especialmente
para las universidades privadas, pues les permite ampliar su base de
alumnos y hacerla más diversa, enriqueciendo el proceso educativo y
demostrando el compromiso de la institución con el desarrollo del país.
Solamente, hay que tener la precaución de hacerlo de manera sostenible
económicamente, con todas las asesorías necesarias.