En
los últimos días se dio a conocer la anulación de condena y libertad
simultanea de Ernesto Llaitul y otros miembros de la denominada CAM,
cuyos individuos se encontraban condenados a 15 años de presidio dado
los delitos de homicidio frustrado e incendio de camiones, ello por un
ataque incendiario registrado en septiembre del año 2021, en el Fundo
Punta Arenas de la comuna de Los Ángeles. Tal vez, la libertad hacia
estos individuos corre el peligro de convertirse en una voltereta que
fisure profundamente la confianza de la población chilena hacia la
institución estatal, incluso, podríamos estar en presencia de un tensor
que haga sombras constantemente en la discusión pública.
Primero,
el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles decidió absolver a Ernesto
Llaitul Pezoa, hijo del líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco
(CAM), Héctor Llaitul, y a otros cuatro militantes de la organización.
Sin duda, un gran golpe para los que ven en las instituciones estatales
firmeza y rigurosidad a través del Gobierno de Gabriel Boric, por
consecuencia, surgen preguntas tales como: ¿se habrá equivocado el
análisis judicial del primer juicio condenatorio? ¿no tenía todos los
antecedentes necesarios y por eso ahora cambia de parecer rotundamente?
¿quién supervisa estas sentencias que no son producto de robar un
cuchiflí, por el contrario, hablamos de anular una sentencia judicial
que se hospedaba en una condena de 15 años? Cabe señalar que los
imputados en el caso incluyen a Esteban Ignacio Henríquez Riquelme,
Ricardo Delgado Reinao, Roberto Villouta Alcamán y Eduardo Mauricio
Cornejo Vidal. Tal vez, estamos en presencia de un hecho en desarrollo, o
bien, de una situación que tuvo un revés que podría traer grandes
repercusiones a la confianza del aclamado pueblo sobre el presente
gobierno.
Segundo,
la web oficial de Radio Bio-Bio reseña lo siguiente con relación al
caso e investigación respectiva: “Desde el Poder Judicial, se informó -a
través de un comunicado- que la determinación se concretó en un fallo
dividido. Además, en la misiva se apunta que el Tribunal de Juicio Oral
en lo Penal de Los Ángeles determinó que “las pruebas presentadas por la
Fiscalía no lograron demostrar la participación de los acusados en los
hechos”. El segundo juicio oral realizado en Los Ángeles se extendió
hasta mediados de julio e incluyó el testimonio de 60 testigos y
peritos, además de pruebas documentales y fotográficas”. Las palabras
plasmadas por Radio Bio-Bio parecen izar un profundo recordatorio de
prueba, de hecho, de fuentes, de investigación, de pesquisas analizadas,
esas que, dicho sea de paso, resultan a posteriori olvidadas por el
Poder Judicial, o bien, “releídas” aceptando de manera “velada” un
“error”. Ahora bien, parece que la investigación no solo albergaba
“posibles errores” en los documentos adscritos, sino también aquello se
replicaba sobre los testigos, peritos y otros factores inmersos, para
algunos una gran ironía.
Por
último, surgen algunas preguntas que podrían empezar a dar sus primeros
pasos de tensión, amplificación e interpelación sobre el Estado de
Chile. Por ejemplo ¿Es posible que una institución gubernamental de esta
naturaleza pueda cometer estos errores? De ser así, ¿Dónde está la
prolijidad en el proceso? ¿Existen factores internos que motivaron esta
voltereta en la fiscalía? ¿Cómo enmendar lo sucedido y trasparentar el
nuevo veredicto frente a la ciudadanía y no perder esos adherentes que
mantienen sus “ojos blancos” frente al susurro del Estado? Es probable
que la discusión continue, que se vuelva aguda, o bien, sea olvidada y
el imaginario colectivo diga nuevamente y como tantas veces “sospechosa
la we…”.