El
Gobierno chileno está desesperado por el masivo ingreso de inmigrantes
ilegales a nuestro país. Este problema no es nuevo. La apertura de
fronteras comenzó en el primer mandato de Michelle Bachelet y creció
considerablemente en el segundo gobierno de la Mandataria de la entonces
Nueva Mayoría. Y Sebastián Piñera en su primer período no hizo nada y
en el segundo, recién ahora se está preocupando, pero solo porque el
tema se desbordó con el aumento del ingreso ilegal a Chile en medio de
la pandemia del Coronavirus.
La
mayoría de quienes intentan ingresar a Chile son ciudadanos venezolanos
que vienen escapando de un régimen dictatorial encabezado por Nicolás
Maduro y que la extrema izquierda está tratando de instalar en otros
países latinoamericanos.
El Gobierno anunció el viernes la licitación de 15 aviones privados para iniciar el proceso de expulsión de migrantes ilegales en el norte del país.
El
ministro del Interior, Rodrigo Delgado, indicó que “para poder acelerar
las expulsiones judiciales y administrativas, se requiere aviones de
mayor disponibilidad en cuanto a horario, vuelos y días. Y eso
justamente se va a salvaguardar con esta licitación para poder
incrementar los procesos de expulsión”.
Compatriotas
nuestros del extremo norte de país señalan que “a nosotros los
inmigrantes nos hacen daño, abren las casas y entran. Ya no se puede
dormir por la noches, no se puede estar tranquilo”.
De
acuerdo a lo señalado por el gobernador de la Provincia El Tamarugal,
Natán Olivos, los migrantes también ingresan a las viviendas para buscar
alimento y refugio para pernoctar.
Es
bueno tener en cuenta los siguientes datos estadísticos para comprender
el problema: la población regular de Colchan, en Tarapacá, es de 1.600
personas. Solo el lunes, la comuna tenía al doble transitando en sus
principales arterias.
Ese día, cerca de 1.600 inmigrantes ingresaron clandestinamente por el
costado del paso fronterizo con Bolivia, que hoy está cerrado. Dos de
ellos, de nacionalidades venezolana y colombiana, fallecieron el pasado
martes por causas que aún se investigan.
El
alcalde de esa localidad, Javier García, denunció que lo que está
ocurriendo allí es la peor crisis humanitaria que han vivido. Y junto
con él, parlamentarios de la zona critican la falta de coordinación
entre Cancillería, el Ministerio del Interior y el Gobierno Regional, al
mismo tiempo que exigen una respuesta concreta para enfrentar la
situación en la región. Las autoridades que podrían hacerse responsables
no estaban presentes. Y la ley que podría regularizar el escenario aún
no ha sido promulgada. El año pasado, el Congreso despachó una nueva ley
migratoria que precisamente apunta a generar un mejor control de los
arribos ilegales. Ya pasaron dos meses desde aquello. Todavía no se
promulga.
Debemos
tener conciencia de que según la legislación actual, una persona que
ingresa clandestinamente y desea regularizar su situación tiene que
partir por hacer una autodenuncia. De esa forma, se abre un proceso que
podría terminar en la expulsión. Pero quienes se someten al
procedimiento pueden permanecer en Chile.
La
nueva Ley de Migraciones cambia uno de esos puntos y busca evitar el
procedimiento judicial. Además, entrega una nueva facultad a las
policías, que permite la reconducción inmediata a sus países de origen a
quienes sean detectados y registrados como inmigrantes ilegales.
La
tramitación se dilató porque un grupo de diputados de oposición,
especialmente del Frente Amplio, llevó al Tribunal Constitucional una
serie de artículos de la nueva ley y de hecho el TC declaró
inconstitucionales seis de ellos.
El
Congreso no llegó a recibir la notificación del TC antes de empezar el
receso legislativo, que termina a fines de febrero. En marzo, la
normativa debería estar vigente.
BACHELET
Cuando
faltaba un año para que finalizara el segundo gobierno de Michelle
Bachelet, la Comisión de Relaciones Exteriores ofició -con fecha 7 de
marzo de 2017- al excanciller, Heraldo Muñoz. En una transversal
postura, los diputados le solicitaron al exministro que tuviera en
consideración la “conveniencia” de implementar la visa a los migrantes
haitianos debido al posible tráfico de personas.
Medida
de la que tomó distancia la ex Mandataria, quien señaló el domingo
pasado en TVN que “creo que se pasaban el dato de un lado a otro. Hubo
gente que armó unos chárter según decían. Y cobraban. Tanto es así, que
la gente de oposición decía que yo recibía plata, eso no tiene nada que
ver, es todo mentira”. Y si bien destacó que durante su periodo en La
Moneda hubo
“una política migratoria abierta en Chile”, aseguró que “no hubo nada
especial” y que su gobierno “no tuvo nada que ver” con el incremento de
ciudadanos provenientes de Haití.