La reciente Nota Diplomática enviada por
la Cancillería chilena al Gobierno Argentino, reclamando por la pretensión
transandina de aumentar su plataforma continental en el Mar Austral, en
desmedro de los intereses marítimos y antárticos chilenos, sorprendió a la
opinión publica nacional. Los magallánicos aún tienen fresco en su memoria el
conflicto limítrofe con el país vecino por la delimitación marítima en el Canal
del Beagle, que fue resuelto por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, en el
marco de la Mediación del Papa Juan Pablo II.
No podemos olvidar que en 1978 el gobierno
argentino desconoció unilateralmente y declaró “insanablemente nulo” el laudo
arbitral que resolvía a favor de Chile el conflicto limítrofe del Canal del
Beagle. El ex Canciller Gabriel Valdés afirmaba que dicha declaratoria “fue una
demostración de desprecio brutal por el derecho”, mientras que el diplomático
José Miguel Barros lo calificaba como “injustificable moral y jurídicamente”. Hoy,
en cambio, tenemos un tratado limítrofe marítimo, suscrito y vigente, entre
ambos países, sobre el cual el ex Canciller Dante Caputo afirmó en aquel
entonces -por cadena nacional de radio y televisión- que, en lo esencial,
significaba el establecimiento de una frontera marítima definitiva entre ambos
países.
En esta ocasión, el gobierno argentino de
Alberto Fernandez, en un acto de abierta hostilidad hacia los chilenos, busca
consolidar, a través de un acto unilateral e inoponible a nuestro país, sus
supuestos derechos sobre la plataforma continental en el Mar Austral en
desmedro de los intereses marítimos y antárticos chilenos, desconociendo el
Derecho Internacional y los términos específicos del Tratado de 1984, y
haciendo una interpretación antojadiza de la Convención de Nacionales Unidades
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), de 1982.
Los efectos geopolíticos de esta medida
son graves para nuestro país. Mas allá de los aspectos jurídicos y técnicos que
involucra la cuestión, lo concreto es que la pretensión argentina “bloquea la
proyección de las línea de base rectas chilenas hacia el sudeste del punto “F”
establecido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En términos simples, impide
la continuidad territorial de Chile en la natural proyección de la Región de
Magallanes, desde el Cabo de Hornos y Diego Ramírez hasta el Polo Sur”, según
se explica en un ultimo informe del centro de estudios AthenaLab.
Mientras Chile ha mantenido una tradición
invariable de cumplimiento de sus compromisos internacionales, bajo un marco de
buena fe, la diplomacia kirchnerista se ha caracterizado por todo lo contrario.
Estamos frente a un gobierno que ha dado numerosos ejemplos de desconfianza y
que, peor aún, parece no importarle. Basta ver el incumplimiento reiterado de
sus compromisos con los acreedores internacionales y de los fallos arbitrales
en materia de inversiones extranjeras (CIADI), olvidando o menospreciando por
completo el concepto de “Pacta Sunt Servanda” (lo pactado obliga). Bueno es
refrescar la memoria y recordar que el ex Presidente Menem afirmaba que “las
leyes, los acuerdos, cuando se firman, cuando se promulgan, son para ser
cumplidos”.
La postura chilena frente al tema, no solo
debe ser una sola, sino que además debe ser clara y categórica. Debe ser de
rechazo absoluto. Los tratados se firman para respetarse y cumplirse, tanto en
su letra como espíritu. En caso contrario, el Gobierno de Fernandez se arriesga
a que los chilenos le declaremos su pretensión “insanablemente inoponible”.