La objeción de conciencia se entiende como la determinación de una persona para negarse a acatar órdenes, leyes o a realizar actos o servicios ya que contradicen sus convicciones éticas o religiosas. En nuestra legislación la libertad de conciencia está reconocida explícitamente en el texto constitucional, existiendo sólo dos ámbitos en que la ley regula la objeción de conciencia: en la despenalización del aborto en tres causales y en la ley de reclutamiento (como una forma de exclusión de los parientes de opositores a la dictadura). En ambos subyace el concepto de objeción de conciencia institucional como una forma de no prestar atención en casos de abortos contemplados en la ley o como una forma de negarse a dar instrucción militar a los “marxistas”.
El miércoles pasado el Consejo Constitucional aprobó las normas que señalan la “objeción de conciencia individual e institucional”. O sea, se elevó a rango constitucional la posibilidad de incumplir cualquier deber jurídico concreto por parte de los individuos o de las instituciones en las cuales un individuo o un grupo de ellos sean propietarios o controladores. Una suerte de autorización a la desobediencia civil en contra de cualquier obligación legal o norma (aunque menos las de mi mamá). Sin duda la objeción de conciencia individual es algo entendible de garantizar en obligaciones limitadas, pero la objeción de conciencia institucional es sencillamente una aberración, un invento que favorece sólo a aquellos que ostentan el poder y pretenden imponer sus creencias sobre el resto, poniendo en riesgo el Estado de Derecho. Lo que era una excepción ahora la derecha pretende, vía constitución, aplicarlo en todo: salud, educación, economía, etc.
Las sociedades avanzan, maduran y armonizan nuevas visiones, criterios y formas de relacionarnos. Lo aprobado hasta ahora en el Consejo Constitucional retrotrae a nuestro país a discusiones y acuerdos alcanzados hace décadas. No me refiero sólo a clínicas negándose a interrumpir un embarazo de una niña violada de 13 años, o a las cadenas de farmacias que se negaban a vender la píldora del día después, o a canales de televisión negándose a pasar propaganda para prevenir el sida, me refiero a que la norma nos regresa a la época en que los padres separados eran marginados y discriminados, o donde una adolescente embarazada no puede continuar sus estudios, o donde los niños son tratados como guachos y sin derechos por no ser reconocidos por su padre, o donde jóvenes de la diversidad sexual son discriminados, vulnerados y asesinados, o donde una banda de rock como Iron Maiden eran impedidas de tocar en Chile. Entender que esta nueva propuesta Constitucional nos hace retroceder como sociedad pasa sólo con hacer memoria en nuestra historia reciente y ver de qué lado estamos.
La constitución maximalista y moralista del Partido Republicano, con la complicidad de Chile Vamos, pretende poner fin a discusiones aún presentes en nuestra sociedad imponiendo una mayoría circunstancial en el Consejo y junto a ello anular políticas públicas que han alcanzado conceso y posiciones mayoritarias en la ciudadanía. La propuesta de nueva constitución nos ofrece una mirada hacia el pasado, hacia la medianía del siglo XX, y en algunos aspectos más atrás aún, alejándose de una visión de futuro, limitando el Chile de los próximos 50 años. Apoyar la propuesta es validar las discriminaciones, aumentar las desigualdades, negar las atrocidades y dejarnos sin protección frente al Cambio Climático, por nombrar algunas cosas.
En una especie de revanchismo, la derecha hoy hace en el consejo exactamente lo que criticaba hace poco más de 1 año. Da la impresión que los Republicanos prefieren ir por todo lo que ellos pretenden como sociedad y de fracasar el proceso les da lo mismo, total nunca quisieron una nueva Constitución, son felices con la del 80 y de paso ganan identidad electoral. La irresponsabilidad con que se está actuando no tiene parangón, sin duda un acto mezquino, pero para nada es sorpresa.