Ciper publicó el domingo pasado una investigación donde sacaba a la luz pública una cláusula en la millonaria compraventa de
la Minera Dominga entre la familia del presidente Sebastián Piñera y la
familia Délano. Solo como antecedente, este último personaje conocido
por ser condenado por delitos tributarios y por ser asociado al
financiamiento irregular de la política con el caso Penta.
Este
antecedente aportado por Ciper indicaba que el último pago de esta
millonaria transacción estaba sujeto a que no se estableciera un área de
protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera. Esto
resulta gravísimo, pues luego de haber sido rechazado el proyecto minero
en dos oportunidades durante el año 2017, el pasado 11 de agosto fue
aprobado en una cuestionada votación, pues se citó a sesión
extraordinaria a pesar de estar pendientes los recursos de casación ante
la Corte Suprema, que podría dejar sin efecto cualquier acuerdo al que
llegue la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
Por
otro lado, se debe considerar que toda esta operación financiera se
realizó en paraísos fiscales, lo que apunta, una vez más, a que el
Presidente prioriza su intención de evadir lo máximo en impuestos, debilitando las arcas fiscales.
El
mundo entero conoció el caso, el Mandatario fue tendencia mundial en
redes sociales. Un acto imposible de justificar, imposible de negar
conflicto de interés, ya que Sebastián Piñera y su familia recibirían
beneficios económicos directos, pero él, con total descaro, negó todas estas imputaciones.
Esto
reafirma lo que la mayoría de chilenos y chilenas ya sabemos: los
empresarios actúan para favorecer sus intereses económicos y no los
intereses colectivos.
Y
con descaro en su declaración, el Presidente intentó bajarle el perfil a
lo sucedido, incluso argumentando que él ha tenido perjuicios en lo
personal al ser Mandatario de nuestro país, lo que da cuenta de una
desconexión con la realidad, pues no olvidamos que Piñera, según la
Revista Forbes, en abril pasado se ubicaba en la cuarta posición de las
fortunas más grandes de chile y está dentro de quienes aumentaron sus
riquezas en pandemia durante el 2020.
¿Cómo
puede hablar de perjuicio? Claramente su egocentrismo no le permite
comprender la dimensión de la palabra “perjuicio”, cuando miles de
chilenos y chilenas sí han vivido un real perjuicio durante su gobierno y
las consecuencias de la mala gestión de la pandemia.
El conflicto de intereses estará siempre presente cuando se tenga un Presidente empresario. Por
ejemplo, se seguirá oponiendo a los impuestos a los superricos, pues
también le afectará a su bolsillo. O al Tratado de Escazú, pues limitará
sus negocios. Y se opondrá, además, a toda propuesta que apunte a
mejoras laborales, pues como “Presidente empresario” siempre estará
calculando su mayor beneficio a menor costo.
¿Y los trabajadores y trabajadoras? Para él somos un “costo para sus empresas que hay que reducir”.