Los
últimos días hemos presenciado cómo nuestra institucionalidad política
no ha sido capaz de adoptar las medidas que se requieren para que las
familias puedan enfrentar la actual crisis sanitaria y económica. Al
analizar lo ocurrido, vemos que ello no solo se debe a la deficiente
gestión de la pandemia por parte del gobierno, que ha reconocido que ha
llegado tarde o no ha llegado con los apoyos, sino también por el diseño
constitucional de nuestro sistema político.
En
primer lugar, la actual Constitución consagra un hiperpresidencialismo,
es decir, un sistema en que el Presidente o la Presidenta de la
República concentra la mayor cantidad de atribuciones y funciones, en
desmedro del Congreso Nacional, y sin contar con mecanismos de
participación ciudadana. Es el gobierno quien, sin mayor contrapeso,
diseña gran parte de las políticas públicas, tiene su iniciativa
exclusiva y las implementa. Lo anterior, se vuelve especialmente
problemático cuando el gobierno de turno no tiene una mayoría de
respaldo en el Congreso, lo que ocurre hoy, ya que la institucionalidad
se tiende a bloquear y se vuelve incapacitada para adoptar acuerdos y
responder a las demandas ciudadanas. En este diseño institucional, no
contamos con mecanismos para enmendar el rumbo de un gobierno
con poco respaldo popular y que ha realizado una mala gestión. El
resultado ha sido la aprobación de los retiros del 10%, a través de
reformas constitucionales, que la gran mayoría reconoce como una mala
política pública, pero necesaria ante la ausencia de otras mejores
alternativas.
A
lo anterior, hay que sumar que la actual Constitución cuenta con un
Tribunal Constitucional que tiene dos particularidades que lo han
transformado en una ‘tercera cámara’. Por un lado, un sistema de
nombramiento de sus ministros que ha politizado su conformación y que ha
permitido que decisiones tan relevantes para el país como la
constitucionalidad de los retiros de fondos previsionales se adopten por
el voto dirimente de una ex asesora política del Presidente de la
República. Por otro lado, que cuenta con un control preventivo de las
leyes, que lo habilita para controlar proyectos de ley que se están
discutiendo por el Congreso Nacional, acercándose peligrosamente al
debate político.
Este
diseño institucional, junto con la cuestionable decisión del gobierno
de llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional, nos ha puesto en
el increíble escenario de que la definición de políticas públicas de la
que dependen muchas familias en nuestro país estén en manos de un
Tribunal, y no de los órganos democráticos por excelencia como son el
Congreso Nacional y el Gobierno.
Por
estas razones, la Nueva Constitución debe contemplar para nuestro país
un nuevo sistema político que deje atrás el Hiperpresidencialismo y sea
sensible a la demanda ciudadana, y en la que el protagonismo se
encuentre en los órganos elegidos democráticamente. Para ello, debemos
distribuir el poder entre el gobierno, el Congreso Nacional y la
ciudadanía de forma equilibrada y además reformar el control
constitucional eliminando el control preventivo de las leyes y las reformas constitucionales.