En junio de 2018 se promulgó la ley 21.094, legislación ampliamente esperada por rectoras y rectores
luego de extensos y sucesivos debates que enriquecieron la propuesta
inicial La esperanza estaba puesta en que esta ley crearía un sólido
marco jurídico que permitiera efectivamente el fortalecimiento de las
universidades del Estado, mediante financiamiento basal permanente para
cubrir gastos operacionales o introducir mecanismos de mejora de su
gestión institucional y de participación de los distintos actores
universitarios en el proceso de toma de decisiones estratégicas de
dichas universidades. Ello, con la finalidad de optimizar los estándares
de la gestión universitaria, la calidad de los procesos formativos, de
investigación y de vinculación con el medio. Esta ley fue un importante
avance que se expresó en aporte Institucional a Universidades Estatales
(Art.56), un Plan de Fortalecimiento, la política de gratuidad de la
educación superior, entre otros instrumentos de apoyo. Sin embargo,
persisten debilidades que como Universidad regional debemos abordar, por
ejemplo: el fondo de fortalecimiento (Art.58) es transitorio, pues los
recursos se deben incorporar cada año a la ley de presupuesto del Sector
Público según la disponibilidad de éstos mediante la aplicación de
“criterios objetivos”, en los cuales no están incluidos factores de
aislamiento territorial, altos costos de operación en zonas extremas y
la baja densidad poblacional de Universidades localizadas en regiones
como la Universidad de Aysén y Magallanes, las que evidentemente
requieren que el Estado se haga cargo integralmente de su financiamiento
y no pueden quedar sometidas a la dinámica de un “mercado educativo” de
la oferta y la demanda. Es necesario, sin embargo, destacar que, en
otro orden de cosas, la ley permitió a las Universidades Estales (UE)
generar sus nuevos estatutos con diversos mecanismos de participación
universitaria que permitirán superar una legislación autoritaria que
reclamaba con urgencia las necesarias transformaciones un gobierno
universitario genuinamente democrático. Los grados de participación
fueron disimiles en los distintos planteles universitarios, y en la
Universidad de Magallanes en particular, los participantes de la
elaboración de dichos estatutos observaron con preocupación el proceso
por el cual finalmente fueron aprobados los nuevos estatutos que
próximamente
serán promulgados por el presidente de la República. Estas situaciones,
sin duda, requieren atención en un nuevo gobierno universitario, pues
el espíritu de la norma establece principios democráticos claramente
establecidos en este cuerpo estatutario consagrando tanto la libertad
académica como la democracia y el derecho a la participación de sus
integrantes en la vida institucional. Por otra parte, entre los aspectos
más relevantes para la futura convivencia universitaria democrática, es
el artículo cuarto que, junto con señalar que la Universidad de
Magallanes debe orientar su accionar institucional en conformidad con la
Ley de Universidades del Estado, deberá además ajustar, periódicamente,
sus políticas y normativas para cumplir sus finalidades y su misión
institucional. Este nuevo escenario, abre espacios para un desarrollo
equitativo, inclusivo y con más participación de la comunidad
universitaria en las decisiones estratégicas de nuestra institución,
esta normativa de incentivo a la participación, nos convoca a las/los
integrantes a tomar decisiones relevantes en las próximas elecciones del
23 de junio del 2022, las que en un ambiente democrático como es el de
nuestra Universidad, se hará en pleno ejercicio de la libertad de elegir
el proyecto que cumpla con las expectativas de cada votante. Desde este
espacio de libertad, nuestra universidad tiene todos los medios humanos
y las potencialidades para decidir un recorrido que garantice el
desarrollo integral, armónico y sostenible de la Universidad Estatal más
importante en toda la Patagonia, la región sub antártica y la Antártica
Chilena. La Libertad, valor fundamental que ha permitido a la humanidad
avanzar y conquistar el futuro, sin el cual no hay posibilidad de
imaginar algo diferente, y, por ende, hay un eterno sometimiento al
presente, una sociedad democrática sólo lo es si delibera sobre su
futuro, y tiene los medios reales para construirlo (Orellana 2018).