Los
delitos de violencia intrafamiliar se ven día a día en los tribunales
de justicia; sin embargo, los denunciados al parecer no se dan cuenta a
lo que arriesgan si incumplen las medidas impuestas en las audiencias.
Eso le sucedió ayer a un marino mercante que debió ingresar a la cárcel
por acercarse a su expareja, además de amenazarla de muerte.
En
la audiencia, el fiscal Felipe Aguirre, dio a conocer en la audiencia
de control de detención y formalización de la investigación que los
hechos se registraron el domingo 14 de julio, alrededor de las 22.40
horas, cuando la víctima se encontraba en su domicilio en la Población
Nelda Panicucci, en compañía de sus dos hijos de 4 y 6 años, recibiendo
un mensaje de Whatsapp a su teléfono de parte de su esposo y padre de
sus hijos. Con el imputado se encuentran separados, y ante lo cual la
comenzó a amenazar de muerte. Todo esto le provocó temor a la afectada.
El imputado no conforme con las primeras
amenazas, llegó hasta las afueras del domicilio de su esposa, donde
comenzó a gritar y amenazar de muerte a la mujer, lo que llevó a la
policía a trasladarse al lugar, tomando detenido al imputado, quien
además presentaba ingesta alcohólica.
Con
estos antecedentes al imputado A.P.A.R. se le formalizó por los delitos
de amenazas y desacato en contexto de violencia intrafamiliar.
Condena
El imputado ya mantiene una condena por el delito de lesiones menos graves en contra de su hijo, donde quedó con la prohibición de acercarse a su hijo del mes de marzo.
En
mayo de este año, al tribunal de Familia también le impuso la
prohibición de acercarse a los dos menores, mismo mes que nuevamente
incumplió esta medida, acercándose a los niños, que al momento de los
hechos denunciados el domingo, se encontraban en el domicilio con su
madre, ante lo cual se le está solicitando una pena de cinco años.
Con
estos antecedentes, al imputado se le imputó los delitos de amenazas y
desacato en contexto de violencia intrafamiliar, y ante el
incumplimiento del imputado a las cautelares judiciales, el fiscal
Aguirre, solicitó la medida de prisión preventiva, petición a la que
accedió el juez Pablo Miño, decretando la medida privativa de libertad,
a pesar que el abogado defensor, José Miguel Navarrete, se opuso que a
su representado sea enviado a prisión, esto principalmente porque el
imputado incumplió las medidas de prohibición de acercarse a sus hijos y
la vivienda, además de amenazar a la afectada. Se agregó que además
incumplió un arresto domiciliario nocturno, El plazo para el cierre de
la investigación se fijó en 60 dias.