Las
fuertes críticas que se realizaron en el mes de marzo a los asumidos
seremis, no pasaron inadvertidas en Magallanes, donde se rechazó la
designación del seremi de Justicia, Hernán Ferreira. Entonces, la
Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial lo
acusó de hechos constitutivos de faltas de probidad en el desempeño de
sus funciones.
El
abogado Hernán Ferreira quien renunció a su cargo para defenderse en
los tribunales, presentó una querella criminal en contra del abogado
Ricardo Javier Cárdenas Vera por injurias y calumnias.
Ayer, se realizó
la audiencia de formalización en la cual Cárdenas no admitió
responsabilidad en estas injurias, por lo que todos estos antecedentes
se debatirán en un juicio.
Querella
En
la querella, Ferreira declara que desde el 2010, trabaja en la
Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas como jefe de estudios
de la Oficina de Derecho Laboral.
Asegura,
además, que desde 2014 comenzó a sufrir acoso laboral solicitándole
desde la administración nacional destituir a otro funcionario a lo cual
se negó.
Se abrió entonces un sumario en su contra buscando su
destitución. Ferreira añade en la denuncia que se le indicó que tras
estas acciones estaban la entonces diputada Carolina Goic, el ex seremi
de Justicia Pablo Bussenius y el ex seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa,
lo que se encuentra contenido en una grabación que fue acompañada como
medio probatorio en dos causas laborales que tuvo que presentar en
contra de la corporación.
Todo esto llevó, en su momento, al tribunal
laboral a ordenar una medida cautelar de protección. Es decir, estuvo
liberado de trabajar desde el 2015 a enero del 2018 en la corporación,
pero no de ejercer su profesión de abogado.
Con fecha 22 de marzo de 2018, firma con su
puño y letra un documento denominado “Comunicado Asociación de
Funcionarios Región de Magallanes”, en el cual vierte a nombre de esta
asociación, una serie de imputaciones injuriosas y calumniosas sobre mi
persona, mi honra y fama como persona pública, comunicado que el
querellado lo hace llegar personalmente a los distintos medios de
comunicación, tanto escrita como radial, además de hacerlo circular por
las denominadas redes sociales. Señala el querellado que he sido
imputado y formalizado
como autor del delito de malversación de caudales públicos.
Como
entenderá, el delito por el cual dice Cárdenas que fui imputado, es
grave, consistente en dar un destino distinto a caudales que son
públicos, del Estado de Chile.
. Ante esto solicita
que se le imponga al querellado la pena de tres años de reclusión menor
en su grado medio, más las accesorias de suspensión de cargo u oficio
público por el mismo plazo y una multa de 150 UTM”.