Al menos seis personas investigadas por mantener máquinas de juegos en sus locales comerciales, zanjaron ayer judicialmente su causa luego de aceptar una suspensión condicional por dos años.
De acuerdo a lo señalado por la fiscal del caso, Alejandra Guevara, los hechos que fueron investigados desde hace un tiempo, terminaron con la incautación de más de treinta máquinas de juegos. “Al renunciar a estas máquinas podremos destruirlas y el dinero obtenido será donado a alguna institución de beneficencia. Esta incautación se realizó el 2012 y fueron sobre las treinta máquinas incautadas”:
En el requermiento de procedimiento simplificado, se propuso por parte de la Fiscalía una salida alternativa por no tener condenas previas y se suspendió condicionalmente a los requeridos.
El abogado querellante, representante del casino de Punta Arenas, Francisco Cárdenas, señaló que “Nos querellamos porque existían varios locales que usaban máquinas prohibidas, por la razón que en esas máquinas no predomina la destreza, si no el azar, lo que solo se puede hacer en los casinos. Aquí se suspendió el juicio por dos años y ellos renunciaron a mantener estas máquinas en sus locales.
Por su parte, el abogado defensor, Guillermo Ibacache, indicó que “este es un tema que los dueños del casino ven amenazada su fuente de ingreso cuando ven que pequeños comerciantes instalaron una o dos máquinas. Estas se supone que no deben estar instaladas en esos luares porque la Ley de casino lo prohibiría, sin embargo es un tema que no se resuelve en todo Chile. Aquí hay máquinas que dependen de la habilidad del jugador y otras de azar. Finalmente estas personas renunciaron de ir a juicio por un tema más práctico y aceptaron esta salida alternativa, probablemente, de ir a juicio hubiesen sido absueltos porque no son máquinas de azar, donde la habilidad no está contemplada en la ley de casino. Estas personas en un juicio hubiesen sufrido solo multas”.
De acuerdo a lo señalado en la audiencia, se suspendió la causa en su contra por los dos años que se fijaron para María Antonia Arismendi, Miguel Bórquez Alvarado, José Núñez Pardo, Dante y Miguel Beariswyl Rada. Mientras que para Jorge Núñez Barría, quien se dedicaba al comercio de manera ilegal estas máquinas de juego. De acuerdo a la acusación operaba la maquinaria al interior de su local comercial de manera ilícita, tratándose del delito de lotería ilegal. La pena que se solicita es una multa de 20 UTM, además de la incautación de las especies. El imputado no admitió responsabilidad, por lo que se fijó una audiencia para el 27 de enero a las 9.30 horas para una salida alternativa similar a la de los otros involucrados.
Finalmente, para Millaray Urra e Iván Sarpi, se fijó una audiencia para la misma fecha anterior, ya que se encuentran en la Región de la Araucanía.