El
pasado 18 de marzo, en el último juicio realizado en el edificio de los
tribunales de manera presencial ante la emergencia sanitaria, se
encontró inocente a una acusada, mientras que su esposo fue condenado
como autor de una millonaria apropiación de dinero.
Los
jueces Guillermo Cádiz Vatcky, Julio Álvarez Toro, y Luis Enrique
Álvarez Valdés, decidieron condenar con costas, a Iván Ramiro Valdenegro
Muga, a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado
máximo, más una multa a beneficio fiscal de 21 UTM, con las accesorias
de inhabilitación perpetua de derechos políticos e inhabilitación de
cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Fue calificado
como autor del delito consumado de apropiación indebida de dineros por
el monto de $ 124.416.086.
El tribunal además decidió entregarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Además
los jueces acogieron, con costas, la demanda de indemnización de
perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida por la parte
querellante representada por el abogado Ramón Ibáñez Álvarez, condenando
a Valdenegro Muga a pagarle la suma de $ 124.416.086, por concepto del
daño emergente sufrido.
Inocente
Al
momento de ser declarada inocente, Pamela Villarroel señaló que
“siempre planteamos que esto era injusto y que soy inocente. Nunca tuve
acceso a esa cuenta y nunca la manejé. Las personas quisieron enlodarnos
y perjudicarnos, quedó demostrado en el juicio que la empresa tiene un
desorden que ni ellos mismos han podido explicar. La Fiscalía se dedicó a
demostrar la parte que les convenía, no presentaron la prueba de quien
tenía el poder de realizar las transferencias. Cuando partió todo esto,
entregamos a la policía los poderes para que revisen mi cuenta, y no se
hizo, como tampoco se presentaron en juicio. Me queda la duda que solo
se preocuparon de buscar pruebas para demostrar su caso y no esclarecer
los hechos. Esto no está terminado y veremos los pasos a seguir, pero
ahora estoy más tranquila, a pesar que cuando nos formalizaron salimos
en todos los medios de comunicación en la región y a nivel nacional,
siendo lapidarios culpándonos. Agradezco que se haya hecho justicia,
porque en lo laboral, social y personal ha sido tremendo, esto porque
cuando uno ve un titular se queda, y a nadie le importa lo que pasa en
un juicio, por eso es importante limpiar mi nombre, porque esto afectó mi entorno familiar”.
Fiscalía
Según
los antecedentes presentados en juicio oral, los imputados Iván
Valdenegro Muga y Pamela Villarroel Vidal, en 2004, cuando el imputado
comenzó a prestar servicios informáticos para las sociedades Iris
Machuca y Cía. Ltda., donde su función era realizar asesorías
informáticas y soporte técnico. En 2006, creó un programa de control de
facturación para las empresas, donde la víctima, Iris Machuca Tamayo,
le ofreció un contrato de trabajo, el cual el imputado se negó a
aceptar, fundando su respuesta en que recibía una jubilación anticipada,
por tanto un contrato de trabajo lo perjudicaría. A pesar de esto,
continuó prestando servicios, llegando a tener un alto nivel de
confianza con la víctima, quien decidió que el imputado le administrara
la empresa de manera informal.
Bajo
este contexto, el imputado en 2014 habría incorporado un nuevo sistema
de pago de remuneraciones, y con el objetivo de cumplir esta función,
manejaba un dispositivo con las claves de las cuentas corrientes de las
sociedades, como asimismo de otra sociedad de propiedad de la misma
víctima, pero de transportes. Bajo ese prisma fue que durante agosto del
2014, a julio de 2016, el imputado junto a su esposa y aprovechando la
confianza de tener libre acceso a las cuentas de las empresas, -según la
acusación fiscal- se apropiaron de manera indebida y reiterada, de transferencias bancarias desde la empresa afectada a la cuenta de su esposa y de él.
Entre
algunas transferencias que se mencionaron, es que se alcanzaron a
realizar 145 movimientos desde la cuenta de la empresa a la cuenta de la
imputada, la ingeniera en Administración Pamela Villarroel Vidal,
alcanzando una suma de 98 millones de pesos. Mientras que desde otra
cuenta de la empresa de transportes de la afectada a la cuenta del
imputado, se contabilizaron varias transacciones que alcanzaron los 20
millones de pesos. Otras transferencias por 6 millones de pesos. El
monto alcanzó los 118 millones de pesos, según la acusación de la
Fiscalía.
La defensa a cargo del abogado Juan José Arcos, tiene un plazo de diez días desde el día de la sentencia para presentar un recurso de nulidad.
La
sentencia fue entregada a través del portal del Poder Judicial, luego
que el juicio fuese el último que se realizó de manera presencial ante
la emergencia sanitaria.