Desde
ayer, siete acusados están enfrentando un juicio oral en su contra por
haber obtenido créditos bancarios, aprovechando la condición de uno de
los imputados que se desempeñaba en esa época, como carabinero.
De
acuerdo a la acusación de la fiscal Wendoline Acuña, los hechos se
gestaron entre los meses de junio y agosto del año 2015, cuando el
imputado Miguel Iturrieta Donoso, quien en esa época se desempeñaba como
funcionario de Carabineros en Punta Arenas, en concordancia con la
imputada Yohanna Paola Williams Barría, quedaron de acuerdo para que
ella captara clientes que no cumplieran con requisitos para acceder a
créditos de consumo en la banca, ofreciendo y entregando documentos
falsos que el propio Iturrieta conseguía, como liquidaciones de sueldo y
certificados de antigüedad de instituciones
tanto de Carabineros, del Ejército y Gendarmería. Una vez que estos
clientes obtuvieran el crédito, debían pagar el 35% por la gestión.
Fue
así que la imputada Williams Barría captó a la imputada Viviana Paola
Llanquín Uribe, Marcela Jofré González, Joselyn Güichapani González,
Bárbara Cárcamo Aguilar y René Arysmendi Oyarzún, a quienes les informó
que junto al funcionario policial mantenían liquidaciones de sueldos y
certificados de antigüedad falsos con membrete de las instituciones de
Carabineros, el Ejército y Gendarmería, con firmas falsas de jefes de
unidad.
Los
créditos gestionados y pagados por el Banco Estado fueron los
siguientes, de acuerdo a la investigación Viviana Llanquín Uribe obtuvo 9
millones de pesos, Bárbara Cárcamo Aguilar 13 millones de pesos.
Marcela Jofré González 6 millones de pesos, Joselyn Güichapani González
12 millones de pesos y René Arizmendy Oyarzún por 6 millones de pesos,
generando un perjuicio al banco en 57 millones de pesos, por cuanto
ninguno pagó los créditos.
Con
estos antecedentes, a los acusados se le pide por parte de la Fiscalía
que se les condene como autores de los delitos consumados, en concurso
ideal, de obtención fraudulenta de créditos y uso malicioso de
instrumento público falso, solicitando para cada uno la pena de cinco
años de presidio menor en su grado máximo, a las penas accesorias de
inhabilitación absoluta para derechos políticos e inhabilitación
absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena,
más las costas de la causa.
El juicio continuará el próximo lunes.