En la audiencia, Juan Carlos Rebolledo, abogado de la pareja de
ecuatorianos acusados del delito de trata de personas, solicitó la
inhabilitación del tribunal porque el hecho se habría iniciado en Santiago. “Lo
que estamos pidiendo es la determinación exacta del tribunal competente. En
nuestro concepto, como se plantea que estas personas llegaron a Santiago y
estuvieron varios meses allá, lo que planteamos era que se determinara que un
tribunal de Punta Arenas conociera esta causa. Es una situación que no deja de
ser trascendente”.
A pesar de esta solicitud, la jueza Paula Stange rechazó la
inhabilitación y continuó con la audiencia.
Respecto al caso de larga data, investigación que comenzó el año 2013,
la fiscal Wendoline Acuña se refirió a la pena de cárcel que está solicitando.
“La penalidad es la que se establece en nuestro ordenamiento jurídico para ese
delito. En general es una pena alta de crimen y cuando se trata de víctimas
menores de edad, el código es drástico en la pena, por lo que solicitamos 15
años de cárcel”.
En diciembre del año pasado, el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública presentó una querella contra los dos acusados. La acción judicial
estuvo dirigida a Luis Tuquerres Tuquerres y su esposa María Cabascango Guajan.
Entre las solicitudes de la parte querellante, estaba realizar peritaje
antropológico para determinar la realidad cultural de la comunidad otavaleña, a
efectos de probar la vulnerabilidad de las adolescentes.
Asimismo, ayer también se adhirió como querellante el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, tal como lo indicó la abogada en la región de la
entidad, Marlene Velásquez: “Es un caso relevante, el delito de trata de
personas es complejo y se violan una multiplicidad de derechos protegidos por
nuestra Constitución y protegidos por tratados internacionales que se
encuentran vigentes, es la razón por la que nos encontramos como querellantes,
adhiriéndonos a la acusación del Ministerio Público y la pena de 15 años de
cárcel”.
Acusación
De acuerdo a los antecedentes investigados por la Fiscalía, en la
acusación se indica que durante el año 2012, Luis Tuquerres Tuquerres, de 37
años, y María de Lourdes Cavascango, de 36 años, pareja de ecuatorianos que
mantienen residencia en Chile desde el año 2002, trasladaron desde una ciudad
indígena del Ecuador hasta Punta Arenas a una niña de 13 años, obteniendo el
permiso de los padres de la víctima, quien viajaría en calidad de turista, todo
lo que fue financiado por los padres de la menor. Una vez que la niña se
encontraba en Punta Arenas, la pareja de ecuatorianos la obligaron a trabajar
sin pagarle remuneraciones aprovechando su situación de vulnerabilidad. La menor
no era llevada a ningún establecimiento educacional y vivía con restricciones.
Entre las actividades que obligaban a realizar a la menor estaba levantarse a
las 5 horas de la mañana para realizar labores domésticas y sirviendo a todos
los habitantes del domicilio, debía tejer diez gorros de lana al día, las
cuales si no cumplía no podía descansar. La situación se mantuvo hasta el 16 de
marzo de 2013, cuando el caso quedó al descubierto por la PDI al encontrarla
oculta en un vehículo de los acusados.
El segundo hecho por el que se acusa a la pareja de ecuatorianos
ocurrió durante el mes de agosto del año 2012, cuando con el fin de trasladar a
dos menores ecuatorianas, de 14 y 17 años desde la misma ciudad ecuatoriana que
la víctima anterior, a Punta Arenas, y abusando de su condición de precariedad
social, con promesas de una mejor vida, se les pagó los pasajes en calidad de
turistas.
Se señaló que se les cancelaba 180 dólares mensuales por un trabajo de
empleada. Durante el tiempo que las menores estuvieron en el domicilio de los
imputados, eran obligadas a trabajar sin pagarles, manteniéndolas con
restricción de comunicación y sin enviarlas a ningún establecimiento
educaciones, a pesar que estaban bajo el cuidado de la pareja. Los trabajos que
debían realizar las menores era vender los productos artesanales de manera
ambulante, levantarse a las 5 horas para realizar labores domésticas, además de
tejer gorros de lana, las cuales sino terminaban no descansaban.
Con estos antecedentes, a la pareja se les acusa del delito de trata
de personas menores de edad con fines de trabajos forzados o esclavitud
reiterado, por lo que solicita una pena de 15 años de cárcel para cada uno como
autores.
Los antecedentes fueron remitidos al Tribunal Oral en lo Penal para
fijar la fecha para el día de juicio oral.