En
junio pasado, cerca de 200 familias se querellaron contra una mujer y
su hija, por una presunta estafa con el sueño de “la casa propia”.
Fue
así que los afectados señalaron que el 2013 se inscribieron para
obtener su vivienda, en la cual recién en marzo de este año se
percataron que no tenían los terrenos para construir. Ante esto, el
abogado querellante y representante de las familias, Ramón Ibáñez,
señaló que se pudo recuperar los terrenos. “Se presentó una querella en
contra de la directiva anterior por el delito de apropiación indebida,
esto en contra de personas que ingresaron fondos para obtener un
subsidio habitacional.
En este sentido, la agrupación que estaba
presidida por la imputada, quien es la querellada, logramos ante la
Municipalidad de Punta Arenas, dejar censurada la directiva, nombrando
una nueva directiva encabezada por Nancy Ruíz Saldivia, y con esto el
terreno en cuestión pasa a formar parte nuevamente de la agrupación y ya
se encuentra en manos de mis representados, van a poder disponer de
sus terrenos, postular a un subsidio, venderlos si quieren, y de cierta
manera encontramos que su dinero no estaba volando, adquiriendo de
manera legal la representación de esta agrupación”.
El
abogado querellante, en relación a la directiva anterior, compuesta por
una madre con su hija, señaló que “estas personas ya no tienen ningún
vínculo con la agrupación, por lo tanto ya solicitamos al Tribunal de
Garantía, alzar la medida de prohibición de celebrar contrato sobre la
cuenta corriente de la agrupación, con la finalidad de pagar una multa.
Esto de recuperar el terreno es algo totalmente diferente a lo que se
persigue penalmente, ya que ahora queda la arista más importante que es
esclarecer la responsabilidad penal de estas imputadas de la apropiación
indebida de los fondos de las personas que forman parte de esta
agrupación que es conformada por cerca de 180 familias (cifra que
representa legalmente)”.
Cabe
recordar que en el mes de junio se presentó la querella en contra de
Abigail Pino y María Elena Labra, quienes son investigadas. En esa
ocasión, la vocera de la Agrupación “Keren Hapuc”, Rocío Jil, indicó a
Diario El Pingüino que “Con esto no tenemos terreno ni tampoco
posibilidad de postular a vivienda. Estas personas no se encuentran
registradas ni en el Serviu y el Estado. Recién en marzo de este año nos
dimos cuenta de lo que estaba sucediendo.
Buscamos que se haga justicia
ya que en total somos 225 socios, y no somos dueños del terreno, donde
en la Municipalidad hay una personalidad jurídica inscrita de 15
personas, por lo tanto queremos revocar esa escritura y recuperar esos
terrenos que cancelamos cada uno de los socios. Pagamos 3 millones los
que íbamos a viviendas y 2 millones los que querían departamentos, En su
total, el terreno costó alrededor de 430 millones de pesos y realizamos
un catastro donde pagamos alrededor de 600 millones de pesos, de estos
225 socios”. señaló la vocera en esa ocasión.