A cuatro años del desborde del Río Las Minas, que dejó cuantiosos daños y damnificados, se cerró la investigación en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
De acuerdo a lo señalado ayer por el fiscal Felipe Aguirre, llamó la atención que en esta etapa procesal haya estado presente sólo un representante de los seis imputados. “Llamó la atención que sólo compareció solo el defensor de uno de los imputados, quien bajo la defensa de su imputado solicitó el cierre de la investigación y como el último plazo de cinco meses que se dio en el mes de octubre, se decretó el cierre y el juez hizo lugar a aquello”, señaló.
Aguirre, agregó que a partir del cierre se comenzó a correr el tiempo para poder determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados. “Tenemos un plazo de diez días para presentar la acusación y ahí se va a decidir de qué delitos y qué personas se van a llevar a juicio oral. Precisamente en estos días la Fiscalía tomará las opciones que correspondan en relación con cada uno de los imputados. Si no existen modificaciones sustanciales se mantiene la acusación respecto de quienes fueron imputados y por los delitos que fueron investigados, pero también puede existir una decisión diferente”.
El fiscal del caso señaló que se está en una etapa decisiva en el proceso legal, agregando que no se puede determinar si todos los imputados llegarán a un juicio oral, dependiendo si alguno si acepta los hechos, situación que puede verse en la etapa de la preparación de juicio oral.
La investigación comenzó por los hechos que ocurrieron luego del desborde del Río Las Minas, ocurrido el 12 de marzo de 2012. En esa ocasión se declaró zona de catástrofe, por lo que demandó al Estado ejercer sus facultades para enfrentar la emergencia, donde se vieron afectados más de 800 familias. Con el objetivo de ir en ayuda de las personas damnificadas, se formó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), el cual estuvo presidido por el intendente de la época Arturo Storaker Molina y en el cual tomaron parte diversas autoridades de distintos organismos públicos, emitiéndose por cada reunión que sostenían un informe de emergencia, el cual contenía un resumen de la situación que afectaba a la ciudad y los cursos a seguir.
En octubre del año pasado se formalizó al ex intendente Arturo Storaker, Luis Sáez y Javier Gómez por los delitos de fraude al Fisco y cohecho; Javier Gajardo y Patricia Narváez por los delitos de estafa al Estado y cohecho, en tanto Gajardo se le sumó un delito tributario. Finalmente Hugo Reyes Tureuna fue reformalizado por el delito de estafa al Fisco como encubridor.
Este proceso se inició formalmente el 15 de mayo de 2014, luego que la Fiscalía inició formalmente la persecución penal en contra de los presuntos responsables del millonario fraude al Fisco realizado entre funcionarios públicos y privados luego del desborde del Río Las Minas, en 2012. En esa ocasión se formalizó a los dos funcionarios públicos, Luis Sáez Martínez, ex jefe de la División de Análisis y Control (DAC) del Gobierno Regional, y Javier Gómez Letelier, ex asesor comunicacional del seremi de Justicia en el 2012.
Junto a ellos aparecen los cuatro denominados operadores de Rayen: Hugo Reyes Tureuna, Pablo Sáez Martínez, Javier Gajardo Castro (propietario de Rayén SPA) y Patricia Leiva, esposa y socia de Gajardo.