Aquella
labor, encabezada por el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Fabián
Mella, se enmarca en el ámbito de acción de la Ley de Responsabilidad
Penal Adolescente (Nº 20.084), y apunta a garantizar una mejor atención
de los adolescentes y jóvenes infractores de ley que cumplen alguna
sanción privativa de libertad o medida cautelar de internación
provisoria.
Los
comisionados efectuaron un completo levantamiento de información en
terreno sobre el funcionamiento de cada una de las áreas de trabajo de
ambas instituciones, tales como educación, infraestructura, disciplina,
alimentación, salud, consumo de drogas, trato recibido por los
adolescentes, entre otras. Esto les permitió formarse una impresión
general de cada centro, formular recomendaciones y hacer un seguimiento
de aquellas cursadas en semestres anteriores.
Como
coordinador de la comisión, el seremi Mella valoró la relevancia de
este trabajo interinstitucional, cuyo aporte permite cautelar que las
garantías y derechos de los jóvenes que cumplen alguna sanción privativa
de libertad o en régimen semi cerrado – en el marco de la Ley Nº
20.084- sean las adecuadas. “Todo esto va en línea para acercar la
justicia a todos los sectores y, por supuesto, poner a los niños primero
en la fila”, subrayó la autoridad judicial.
A
nivel regional, integran la CISC-RPA: el seremi de Justicia y DDHH, el
Fiscal de la Corte de Apelaciones y representantes de la Fiscalía
Regional, Defensoría Penal Pública, Corporación Municipal, Universidad
de Magallanes, Iglesia Metodista, Fundación Esperanza, Corporación
Opción y el Instituto de Derechos Humanos (INDH).