Con
arresto domiciliario total quedaron dos imputados que fueron detenidos
luego que se comprobó que habían arrendado una vivienda para cultivar
marihuana.
Las
primeras informaciones las daba a conocer la tarde del jueves el OS7 de
Carabineros, quien concurrió al domicilio donde los imputados mantenían
la plantación, en esos momentos fueron detenidos, tal como lo señaló el
fiscal Manuel Soto: “Se recibió una denuncia dando cuenta que en un
domicilio determinado habría aparentemente un cultivo indoor. Fue así
que personal de la sección OS7 de Carabineros, concurren y verifican la
existencia de esta plantación. Los imputados dejaron ingresar al
personal policial, donde se encontró 77 plantas, y cuatros sistemas
indoor en dos habitaciones modificadas en término que solamente tenían
estos cultivos. Se encontró droga a granel y en proceso de secado.
Entendemos que estamos en una denuncia incipiente, pero la denuncia daba
cuenta que la vivienda no tenía moradores, y habría sido arrendada para
realizar estos cultivos”.
Entre
los antecedentes, se indicó que la dueña del inmueble se encuentra
fuera de la ciudad, y al tomar contacto con ella, dio cuenta que hace
unos cuatro meses había arrendado su vivienda a uno de los imputados
ante notario.
Formalización
Fue
así que los detenidos Juan Nelson Sepúlveda González y Emilio José
Alderete Saldivia, fueron trasladados al Juzgado de Garantía de Punta
Arenas, donde se les formalizó por el cultivo de cannabis sativa y
tráfico de drogas.
En
la audiencia, el fiscal Manuel Soto dio a conocer que tras la denuncia
realizada por testigos, personal policial realizó vigilancia en el
sector y cuando llegan los dos imputados, se les entrevistó, y
accedieron al ingreso de los efectivos antidrogas. Los antecedentes dan
cuenta que alrededor de las 18 horas del jueves 16 de mayo pasado, con
una orden de investigar de la Fiscalía, el OS7, se dirigieron a las
afueras del domicilio de calle Capitán Serrano número 251, en el sector
del Río de la Mano, donde se percataron que los imputados se
estacionaron en un vehículo e ingresaron al inmueble, desde donde
salieron pocos minutos después. En esos momentos el personal policial se
les acercó para fiscalizarlos, y ambos accedieron de manera voluntaria
al ingreso del OS7, encontrando en dos habitaciones cuatro instalaciones
de sistema para el cultivo indoor, con luces, transformadores,
extractores de aire, y 77 plantas en etapa de crecimiento de cannabis
sativa, en maceteros negros con alturas que llegan hasta 1.33
centímetros.
En
una cocina se encontró marihuana en proceso de secado, llegando hasta
los 900 gramos. En un frasco de vidrio mantenían 15 gramos de marihuana,
mientras que en otro envase encontraron 5 gramos de cannabis sativa.
Además una balanza digital y bolsas de diferentes tamaños. Los imputados
no mantenían las autorización legales que exige la ley de drogas para
cosechas las especies vegetales, como tampoco se presume que son para su
consumo por la gran cantidad que mantenían.
Fue
así que a los imputados se les formalizó por el delito de plantación o
cultivo sin autorización, como el delito de tráfico de drogas. En este
sentido el representante del Ministerio Público solicitó la medida
cautelar de prisión preventiva, a pesar de esto, el abogado defensor
Guillermo Ibacache, se opuso a la medida privativa de libertad, alegando
que no se trataba de un delito de tráfico de drogas, sino que de
cultivo, Incluso por razones médicas uno de los imputados mantendría
estas plantaciones, indicó el defensor, como también que se dedican al
rubro de la construcción, por lo que también mantenían herramientas en
dicho inmueble, como el dinero incautado fue una cifra que no condice
con un tráfico de drogas, cerca de 30 mil pesos. Tras las alegaciones,
el juez Pablo Miño, decidió acoger la tesis de la defensa, solicitando
mayores antecedentes a la Fiscalía para que se acredite el tráfico de
drogas, por lo que decretó el arresto domiciliario total, los cuales no
tienen nada que ver con el arrendado para el cultivo, y arraigo
regional, al no mantener antecedentes penales anteriores, y otros
argumentos entregados en la audiencia, fijando como plazo para el cierre
de la investigación
en 90 días. “La Fiscalía solicitó una medida de prisión preventiva, sin
embargo el tribunal entiende que ellos no tienen antecedentes
anteriores. Sin embargo, este es uno de los decomisos indoor más grandes
que hemos tenido en los últimos tres años en Punta Arenas”.