Ayer, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas mantuvo la prisión preventiva de una mujer que fue detenida la semana pasada cuando presuntamente comercializaba droga portando un arma de fuego.
Fue así que en el tribunal de alzada, el abogado defensor José Miguel Navarrete solicitó modificar la medida de prisión preventiva de su representada, donde en su recurso de apelación expuso que en el procedimiento policial se realizaron actuaciones autónomas, a lo que el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, se opuso. Finalmente, los ministros de la Corte no acogieron el recurso de apelación de la defensa, manteniendo la prisión preventiva.
La imputada Leonila Saldivia Vargas fue detenida luego que alrededor de las 20 horas del sábado 28 de enero, personal de OS-7 recibiera un llamado anónimo de un hombre que detalló que se realizaría una transacción de droga en la intersección de las calles Márquez de la Plata con Avenida Allende, entregando datos como que la vendedora es una mujer joven de contextura delgada y que se encontraría acompañada de su pequeño hijo, además que la compradora sería una mujer de contextura gruesa.
En esas circunstancias, el personal policial llegó a dicha intersección y a las 23.30 horas la imputada, tras un breve diálogo con otra mujer, le iba a realizar la entrega de una especie, por lo que el personal de Carabineros procedió a fiscalizar realizando un control de identidad, encontrando que la mujer mantenía un envoltorio en su mano con 27 estampillas, las cuales al ser sometidas a prueba de campo arrojaron que se trataba de LSD.
Se indicó que en el lugar de la detención se le consultó a la imputada si mantenía más droga, entregando voluntariamente otro envoltorio, que mantenía en su interior la cantidad de un gramo 800 milígramos de clorhidrato de cocaína. Además, también de manera voluntaria, entregó un arma de fuego marca Colt calibre 45 con su respectivo cargador y sin munición, la que mantenía en su mochila. El arma se encuentra inscrita a nombre de otra persona y la imputada no se encuentra autorizada para el porte.
Con estos antecedentes, se formalizó a la imputada por los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y por infracción a la Ley de Armas. En ese momento, además, se dio cuenta al Tribunal de Familia por estar acompañada de su hijo menor de edad, quien fue entregado a un adulto responsable. Entre los antecedentes que se dieron a conocer es que por estampilla en Punta Arenas se cobra 10 mil pesos, por lo que al comercializar la droga incautada habría alcanzado una ganancia de alrededor de $ 270 mil.