Corte resolverá el 15 de enero si repite el juicio contra excarabineros por muerte de natalino

Luego
de varios reveses en la causa en contra de dos excarabineros y un
civil, acusados de la agresión sufrida por varios jóvenes natalinos el
año pasado, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas vio ayer los
alegatos de todos los intervinientes y dejó para el próximo 15 de enero
la entrega de su resolución de repetir o no el juicio oral.

Desde
las 10 de la mañana de ayer, la sala de la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas, integrada por la ministra María Isabel San Martín, fiscal
judicial subrogante Connie Fuentealba y el abogado Juan Alejandro
Rodríguez, conocieron de la causa de la cual se había solicitado la
inhabilitación en varias oportunidades, incluso llegando la causa a la
Corte de Puerto Montt, que le devolvió a Punta Arenas.

Fue
así que por más de dos horas, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio
Campos, expuso sus argumentos que lo llevó a presentar un recurso de
nulidad, aspirando a la repetición del juicio. “Nosotros estamos
sosteniendo que el juicio que sirvió de base en la sentencia debe ser
anulado, considerando que hay antecedentes de testigos que sindican la
participación de los tres acusados, no solamente de uno. Hemos
solicitado que ocurrió una errónea valoración de la prueba y que se
pueda realizar un nuevo juicio oral con el objetivo se pueda ver la
causa de muerte de Gonzalo Muñoz como de las demás víctima con un
tribunal no inhabilitado”.

El
abogado Juan Carlos Rebolledo, quien representa al excarabinero
condenado Miguel Delgado Velásquez, indicó que “desde el comienzo
nosotros sostuvimos que Miguel Delgado fue objeto de una agresión
ilegítima por parte de cuatro sujetos, entre los cuales estaba el
fallecido, que pertenecían a un grupo que atacó a mi representado en su
calidad de Carabinero por haber sometido a un control a uno de ellos.
Nosotros aceptamos que si hubo golpes por parte de mi representado, pero
que fueron en el marco de una legítima defensa donde fue atacado en
cuatro oportunidades, incluso por el joven que resultó fallecido”.

En
ese sentido, el hermano del excarabinero que se mantiene en prisión
preventiva en un cuartel policial, Héctor Delgado, señaló que “nosotros
esperamos que se de la nulidad ya que este juicio está mal hecho y la
Fiscalía no fue imparcial; por ejemplo no tiene ningún delincuente
procesado que apedreó a la comisaría y quemó vehículos. Esperamos que se
aclare que mi hermano fue víctima y ahora esperando que se dé la
repetición del juicio para demostrar que fue atacado en su calidad de
Carabinero y que los agresores no son las víctimas”.

En relación a los otros dos acusados, el
abogado de Pedro Loncuante, Mario Elgueta, señaló que “pedimos que la
sentencia se confirme y nos sea anulado el juicio. Lo que hace la
sentencia se hace cargo y en particular de mi representado de la duda
razonable de su participación y eso debe confirmarse”.

En
relación a la demora de poder resolver los recursos de nulidad, el
abogado defensor Pablo Chandía, representante del acusado civil,
Sebastián Cáceres, indicó que “la razón del atraso de la revisión de la
causa, fue por una solicitud de inadmisibilidad presentada por el propio
Ministerio Público, por la cual no hubo Corte, incluso trasladándose
hasta Puerto Montt. Desde que asumimos la defensa de Sebastián Cáceres,
es que no tuvo participación en la muerte de Gonzalo Muñoz. Es imposible
que se
haya acercado a él, ya que estaba muy lejos, por tanto no tuvo participación”.

Hechos

En
resumen del caso, el hecho ocurrió alrededor de las 5 horas de la
madrugada del 8 de julio del año pasado, cuando los amigos Sady Galindo
Soto, Gonzalo Muñoz del Campo y Víctor Hernández Saldivia salían desde
un bar. La peor parte la sacó el joven Muñoz, a quien le diagnosticaron
fracturas extensas en su cráneo provocadas por puntapiés y golpes
violentos en su cabeza, que lo mantuvieron en un estado neurovegetativo
hasta que falleció en mayo de este año.

En
el juicio, realizado en Puerto Natales, a Miguel Delgado Velásquez se
le condenó como autor del delito de homicidio consumado a la pena de 12
años de presidio.

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