Corte Suprema resuelve destino procesal de pareja imputada por trata de personas

Hoy se verá en la Corte Suprema el destino procesal de los propietarios de un local nocturno de Punta Arenas, por quienes se pide la extradición desde Argentina.
Jorge Latorre Barrientos y Gladys Benítez, dueños del local “Tentación”, fueron trasladados el 6 de marzo por tercera vez a Santiago, para enfrentar al máximo tribunal chileno, donde se realizará una audiencia para determinar si son extraditados a Mendoza, en donde se encuentra abierto un proceso investigativo por trata de personas.
La pareja, que espera la decisión de los ministros en el Penal Santiago 1, fue detenida en Punta Arenas mientras la Corte Suprema evaluaba la extradición a territorio argentino para ser procesada por un caso que habría sido denunciado en la ciudad transandina de Mendoza por algunas mujeres que fueron traídas bajo engaño para ejercer la prostitución en la capital regional.
Ambos imputados habían permanecido en Punta Arenas, siendo formalizados en el Juzgado de Garantía por otro caso que tiene que ver con delitos de trata de personas y facilitación de la prostitución.
Durante la audiencia el fiscal Fernando Dobson expuso los hechos, solicitando, una vez concluida la lectura de estos, que la pareja fuera enviada a prisión preventiva, lo que fue acogido por el magistrado, quien ordenó su ingreso a la cárcel de Punta Arenas mientras se desarrolle la investigación.
De las personas que se vieron involucradas en este caso, hay algunas que ya han prestado declaración ante la Fiscalía, sumando antecedentes aportados por el Ministerio Público de Argentina, que se sumarán a la carpeta investigativa.
“Hay víctimas que han declarado en el contexto de la investigación que llevamos acá y hay otras que han declarado bajo el sistema procesal en Argentina, así que se han llevado adelante labores en conjunto, con antecedentes que hemos recibido de la propia Fiscalía de Argentina y nosotros también pondremos antecedentes en manos de ellos”, explicó el fiscal Fernando Dobson.
En el tribunal local se decretó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación, tiempo que la pareja se mantendrá privada de libertad.

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