En el segundo día de juicio oral en contra de una pareja ecuatoriana por un delito de trata de personas menores de edad, la defensa de los imputados alegó que sus representados son inocentes por tratarse de una cultura ajena al país.
De acuerdo a lo expresado por el abogado defensor Juan Carlos Rebolledo, las menores no habrían estado en las condiciones de las que se les acusa por parte del Ministerio Público. “Se persigue una eventual responsabilidad de parte de dos ciudadanos ecuatorianos, indígenas de la comunidad de otabalo, que tenían en su domicilio a dos menores con su hermano mayor que las dejó abandonadas, quien traía la autorización de sus padres para traerlas a Chile y otra niña que estaba con su padre, y de acuerdo a los antecedentes la niña no quiso dejar a su padre. La trata de personas es un delito muy parecido al genocidio o lo que sucede en Nigeria donde secuestran mujeres para venderlas como esclavas sexuales, incluso en la separación de la ex Yugoeslavia donde realmente se tomaban grupos humanos y se le sometían a trabajos forzados. Acá la regla que se somete a discusión del tribunal es que estas tres personas que estaban, una con su padre y las otras abandonadas estaban sujetas a la esclavitud”.
En relación a esto, el abogado defensor agregó que “la esclavitud consiste en que alguien ejerza los derechos de las personas y las trate como objetos. La cuestión es que si es cierto, que alguien salga a vender a la plaza es o no esclavitud. Lo claro es que una persona estaba formalizada enviada a prisión preventiva y luego la Corte de Apelaciones en una semana lo dejó en libertad y lo dejó con arresto y ahora está con una firma en un proceso que se inició hace dos años. Creemos que no hay trata de personas, puede existir un incumplimiento laboral, pero acá entra el tema indígena y sus costumbres en donde ellos que son otabaleños, es una etnia que salen al mundo desde muy jóvenes a trabajar y ejercer comercio, a buscar una vida distinta. Los mismos acusados llegaron al país desde muy jóvenes a trabajar. En Chile de acuerdo a los tratados de las naciones unidas cada indígena tiene derecho de hacer valer sus propias costumbres sea donde esté”.
Rebolledo señaló además que una de las menores víctimas anteriormente habría estado en otro país en las mismas condiciones. “Hay demasiadas contradicciones en la acusación por lo que no se configura el delito del cual se pretende una sentencia más grave que un homicidio. Aquí las menores retornaron a su país y no pueden estas personas pasar 15 años de cárcel como pretende la Fiscalía”.
El juicio que tiene programada una duración de dos semanas se reanuda hoy en su tercer día, donde continúan la presentación de pruebas testimoniales y documentales por parte de la Fiscalía.
Acusación
De acuerdo a la acusación de la fiscal Wendoline Acuña, se indica que durante el año 2012, Luis Tuquerres Tuquerres y María de Lourdes Cavascango, pareja de ecuatorianos que mantiene residencia en Chile desde el año 2002, trasladaron desde una ciudad indígena del Ecuador hasta Punta Arenas a una niña de 13 años, obteniendo el permiso de los padres de la víctima, quien viajaría en calidad de turista, todo lo que fue financiado por los padres de la menor. Una vez que la niña se encontraba en Punta Arenas, la pareja la obligó a trabajar sin pagarle remuneraciones aprovechando su situación de vulnerabilidad. La menor no era llevada a ningún establecimiento educacional y vivía con restricciones. Entre las actividades que obligaban a realizar a la menor estaba levantarse a las 5 horas de la mañana para realizar labores domésticas y sirviendo a todos los habitantes del domicilio, debía tejer diez gorros de lana al día, las cuales si no cumplía no podía descansar. La situación se mantuvo hasta el 16 de marzo de 2013, cuando el caso quedó al descubierto por la PDI al encontrarla oculta en un vehículo de los acusados.
Segundo hecho
El segundo hecho por el que se acusa a la pareja de ecuatorianos ocurrió durante el mes de agosto del año 2012, cuando con el fin de trasladar a dos menores ecuatorianas, de 14 y 17 años desde la misma ciudad ecuatoriana que la víctima anterior, a Punta Arenas, y abusando de su condición de precariedad social, con promesas de una mejor vida, se les pagó los pasajes en calidad de turistas.
Se señaló que se les cancelaba 180 dólares mensuales por un trabajo de empleada. Durante el tiempo que las menores estuvieron en el domicilio de los imputados, eran obligadas a trabajar sin pagarles, manteniéndolas con restricción de comunicación y sin enviarlas a ningún establecimiento educaciones, a pesar que estaban bajo el cuidado de la pareja. Los trabajos que debían realizar las menores era vender los productos artesanales de manera ambulante, levantarse a las 5 horas para realizar labores domésticas, además de tejer gorros de lana, las cuales, sino terminaban no descansaban.