Los jueces Jovita Soto Maldonado, Luis Álvarez Valdés y Jaime Álvarez
Astete llegaron temprano a sus estrados y, a partir de las 8.30 horas de la
mañana de ayer, escucharon los argumentos de los intervinientes en el juicio al
imputado, desaforado y suspendido senador Carlos Bianchi Chelech.
El fiscal Juan Agustín Meléndez, especialmente autorizado para
participar en el juicio, a la cabeza de un equipo de fiscales, abogados y
funcionarios de la Fiscalía y peritos policiales; el abogado Dagoberto
Rainuava, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y los abogados
particulares querellantes Fernando Santelices, Nicolás Sánchez y Francisco
Cárdenas, reiteraron que el parlamentario cometió los delitos de negociación
incompatible y fraude al Fisco reiterado, lo que causó un daño al estado por
más de 45 millones de pesos, tal como lo señaló el fiscal Meléndez: “EL
comienzo del juicio se desarrolló los alegatos de apertura que consiste en una
síntesis de los hechos que fundan nuestra acusación por la hipótesis de dos
ilícitos de una negociación incompatible y un fraude al Fisco y donde cada interviniente
expuso sus puntos de vista. El sobreprecio de siete veces de los que se debió
cobrar y es el elemento de fraude. Se están pidiendo nueve años en la suma de
los dos delitos”.
El fiscal Meléndez, quien desde el 3 de octubre pasado asumió como fiscal
regional en la Región de Los Ríos, deberá terminar la causa que investigó desde
un comienzo por mandato del fiscal nacional Sabas Chahuán.
Acusación
De acuerdo con las acusaciones formuladas por los querellantes,
Bianchi arrendó a su suegra -Fresia Espinoza– un vetusto inmueble para oficina
parlamentaria, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto a la altura del 800, lo
cual está expresamente prohibido en las leyes vigentes, y, peor aún, pagó, con
fondos del Senado chileno, un sobreprecio mayor en siete veces al valor de
inmuebles u oficinas ubicadas en el sector.
Luego de haber sido imputado, en marzo pasado, se pidió el desafuero
del senador, otorgado por unanimidad por la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas, resolución que fue refrendada por la mayoría del Pleno de Ministros de
la Corte Suprema de Justicia, posteriormente.
La defensa del controvertido parlamentario planteó, en lo que fue
calificado por fuentes judiciales como “maniobras dilatorias”, a lo menos en
cuatro ocasiones, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la
constitucionalidad de la decisión de enjuiciarlo, pero sus peticiones no fueron
acogidas, siendo la última decisión conocida en las últimas horas del viernes,
lo cual permitió que este lunes Bianchi se sentara en el banquillo de los
acusados, dándose inicio al juicio pertinente.
En su defensa, alegaron los abogados contratados por el parlamentario,
encabezados por Jorge Soto Piñeiro, quienes reiteraron, como línea argumental,
que el contrato de arriendo de las vetustas oficinas firmado por Bianchi,
primero con su suegra, y después con sus cuñados Victoria y José Retamales
Espinoza, se hizo en calidad de ciudadano común y no como funcionario público,
como se ha venido insistiendo. “Él celebró el contrato como Carlos Bianchi
Chelech y no comprometió en absoluto la responsabilidad ni representaba al
Senado”.
Por su parte, los dos cuñados de Bianchi, también imputados por los
mismos delitos a los que se sumaría falsificación de firma en un documento de
uso público, decidieron hacer uso del derecho de todo imputado a guardar
silencio.
Llamó la atención que durante la mañana del primer día del juicio
desertaran en su calidad de testigos del controvertido senador, al menos dos
decenas de personas, cuyas razones para no testificar se mantienen en reserva,
todo lo cual generó sorpresa en todos los intervinientes en el juicio.
Al cabo de 12 días decenas de peritos y testigos de las partes
entregarán al tribunal los antecedentes que poseen y los magistrados valorarán
las pruebas de los intervinientes, estimándose que la sentencia se conocerá
antes de un mes.
Al término de las audiencias del primer día del juicio, tanto los
abogados de ambas partes como el mismo imputado, desaforado y suspendido
senador Bianchi, declararon estar tranquilos y contentos, mostrándose confiados
en que sus respectivas posiciones serán acogidas por los jueces, quienes
determinarán si Carlos Bianchi es inocente o culpable.
En caso de ser hallado culpable de negociación incompatible y fraude
al Fisco reiterado, enfrentará las condenas pertinentes que, a juicio de la
Fiscalía Regional debieran alcanzar los nueve años de prisión, en total, más
una inhabilidad de diez años para postular a cargos públicos, mientras que los
querellantes particulares han solicitado que la pena llegue hasta los 13 años.
En cuanto a los cuñados –Victoria y José Retamales Espinoza– si son
condenados podrían enfrentar penas que van desde los tres años y un día de
prisión, es decir, el primer peldaño de la escala de las penas aflictivas
establecidas en el Código Penal chileno.