Una
demanda de $ 100 millones presentó una trabajadora que se desempeñó por
cinco años en la Junta Nacional de Bomberos, sede Punta Arenas, en
contra del Consejo Regional de Bomberos de Magallanes y su representante
legal.
Según
la acción presentada por la demandante, Vanessa Muñoz Pollok, por
indemnización de perjuicios, dan cuenta que los hechos se habrían
comenzado a gestar el 1 de abril de 2017, cuando ella junto a dos
instructores y un conductor de la Academia Nacional de Bomberos,
sufrieron un accidente en un vehículo institucional en Porvenir.
“Posterior a este accidente comenzaron los inconvenientes con el
superintendente del Cuerpo de Bomberos de Porvenir de esa época, José
Antonio Mansilla Apablaza, quien posterior a dicho infortunio comenzó a
divulgar que solicitaría mi despido, dichos que comentó con varios
voluntarios, y como es una región pequeña los comentarios llegaron hasta
Punta Arenas, en donde el sr. Francisco Ulloa Homo, coordinador
académico regional, continuo con el rumor haciéndolo en las diferentes
compañías del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas”.
La
acción civil, continúa relatando por parte de la demandante que “el sr.
Mansilla presentó un reclamo en mi contra, en donde solicitaba mi
desvinculación basándose en rumores y entredichos de pasillo respecto de
mi persona, situación que los miembros del Directorio no aceptaron y
mucho menos permitieron que quedara establecido en dicha Acta”.
Muñoz
Pollok en su relato, continúa señalando que el 7 de marzo de 2018, se
realizaron las elecciones en el directorio regional, resultando electo
el demandado, José Mansilla Apablaza, quien “ingresó a mi oficina a
hablar conmigo y decirme que estuviese tranquila que él no me
desvincularía ni tampoco me degradaría como funcionaria”.
En
abril, -continúa la demanda- el Mansilla solicitó a Claudio Miranda,
quién era el presidente regional hasta el 30 de Abril, si podía ir a la
oficina a ver como trabajábamos en el Consejo Regional, situación que
“Claudio autorizó considerando que el Sr. Mansilla asumiría su nuevo
cargo el día 1 de Mayo. En ese momento, el señor Mansilla se presentó en
la oficina durante 5 días, de los cuales iba en la jornada de la
mañana, tarde o día completo. Uno de los cambios fue que yo dejara de
realizar las órdenes de compra y que éstas fueran realizadas por las
secretarias de acuerdo al centro de costo, debiendo desde ese día
encargarme del área contable y de los Cuerpos de Bomberos. El día lunes
11 de Junio del 2018 se presentó en la oficina el Auditor Interno de la
Junta Nacional, quién realizó una Auditoría exclusivamente a mi trabajo,
realizando una revisión contable al período 2017. Una vez terminado el
informe, respecto del cual no me dieron copia alguna, me informaron que
la contabilidad se encontraba debidamente respaldada y cursada, así como
también las conciliaciones bancarias; que el activo fijo se encontraba
inventariado y resguardado y que se realizarían algunos ajustes desde
nivel central, ya que figuraban por sistema algunas cosas que nunca
existieron en la oficina”.
Muñoz
Pollok, en la demanda continúa que “el martes 19 de Junio fue el último
día que trabajé, ya que solicité 8 días hábiles de vacaciones (…)
Luego de esto el día martes 3 de Julio, me presenté a trabajar a las 9
horas, de acuerdo a lo modificado en la reunión de junio y a las 10
horas se presentó en la oficina el Auditor Interno, el cual me informa
que sería desvinculada por necesidades de la Empresa. Figura que
claramente no es así, la Junta Nacional es una empresa a nivel nacional,
la cual recibe dineros del Estado contenidos en la Ley de Presupuesto
del Ministerio del Interior, como yo estaba consciente que no era por la
causal que me indicaron, sino que era lo que solicitó el presidente
regional, no tenía más opción que firmar el finiquito. Finiquito en el
cual no me habían pagado las horas extras que tenía a mi favor.
Adicionalmente, el auditor interno, Darwin Oñate, me indica que por
orden de Gerencia yo debía transferir la diferencia faltante del
souvenir que se había detectado en el mes de junio que por la suma de
$115.415 y que después de transferir dicha suma recién podría entregarme
el finiquito”.
Acoso sexual
La
demanda, aparte de un acoso laboral, da cuenta de un acoso sexual por
parte del presidente regional del Consejo de Bomberos, según señala la
demanda que el 5 de Junio del año 2017, el Gobierno Regional aprobó los
recursos para un proyecto “que yo había realizado y presentado en forma
conjunta con el encargado de Proyectos, el cual contemplaba carros para
toda la región
y por este motivo viajó una comisión de cada cuerpo de bomberos, menos
el de Puerto Williams. Posterior a la aprobación de los recursos, me
invitaron a almorzar, donde nos encontramos con la comisión del Cuerpo
de Bomberos de Porvenir, quienes estaban sentados en la mesa de al lado.
Como ellos habían llegado antes, terminaron su almuerzo y pasaron a
despedirse y fue en ese momento que el señor Mansilla, quien no respeta
los espacios, se paró junto a mí sin darme mayor espacio para levantarme
de la silla, y al intentar levantarme sin intención le aplaste el pie, a
lo que él me dice al oído “me pisaste y sin una piscola”, riéndose de
su comentario, en ese momento le dije, “creo que se equivocó en su
comentario, ya que no corresponde” a lo que él insiste y dice “mínimo
una piscola”, para después retirarse (…) Durante la semana de abril
que estuvo en Punta Arenas viendo el funcionamiento del Consejo
Regional, él se sentó en mi oficina junto a mí, no dejando espacio para
me pueda levantar, ya que cada vez que necesitaba ponerme de pie debía
pedirle permiso y cada vez que pasaba frente a él me miraba de arriba
abajo, además de estar en todo momento mirándome los senos, Una vez que
él volvió a Porvenir, la secretaria del Consejo, Paola Subiabre
Avendaño, me hace un reclamo indicando
que se sentía demasiado incómoda por la forma en la cual él nos miraba,
que ella se había dado cuenta que a mí me miraba de arriba abajo. Esta
incómoda situación la consideramos como un exceso de él, ya que por más
jefe que pueda ser de nosotras no puede mirarnos de esa manera ni
denigrarnos como mujer, a pesar del cargo que ostenta”.
La
acción civil continúa señalando que el demandado le dijo textual a la
demandante: “tú ahora eres mía” cuando terminó dicha frase, ella dijo
“¿disculpe? ¿A qué se debe su comentario? Porque yo no tengo dueño”, a
lo que respondió “tu lealtad es conmigo”.
El
sábado 16 de junio de este año, se realizaron las elecciones nacionales
– señala la demanda-, donde fue citado el Directorio Regional. y en ese
momento al cruzarse con el demandando, donde se le consulta si estaba
bien el coffe break contratado, “a lo que él me responde acercándose a
mi oído, ‘no sé si comerme este pastelito o comerte a ti’, ante esto
asustada le respondí ‘haré como que no escuché ese comentario’, ya que
me sentí menoscabada como mujer, sumado a la forma como me miró y se
sonrió, que me dieron asco y mucha rabia, porque yo no debía porque
aguantar esa situación, pero necesitaba el trabajo”.
Finalmente,
el 3 de Julio, los miembros del Directorio “se enteraron por mí que
había sido desvinculada, ya que ellos como representantes regionales no
sabían de la solicitud del Sr. Mansilla, quien siempre les
comento al igual que me decía a mí, que no me despediría. Es decir, no
actuó con total transparencia frente a quienes le dieron su voto y
confiaron en él. Con la actuación del demandado me sentí vulnerada tanto
en mi fuero interno, lo que se deriva en sentirse víctima del reproche
por no haber accedido a los constantes acosos y requerimientos del
representante de la demandada, producto de aquello perdí mi trabajo, el
que siempre intenté desarrollar de la mejor manera”.
La demanda fue presentada ante el Tercer Juzgado Civil de Punta Arenas, por el abogado patrocinante, Marcos Ibacache.